Llevamos quince meses de dolorosos padecimientos no solo por la expansión incontrolable del coronavirus con todas sus terribles y letales consecuencias, sino por las deficiencias y las fallas del sistema de salud del país que parecen también no tener final. Es un doble y mortal sufrimiento.

La pandemia ha causado la muerte a 121.754 colombianos, entre casos confirmados (103.362) y sospechosos (18.392) de COVID-19, según las conclusiones del informe ‘Seguimiento a la mortalidad y exceso de mortalidad en Colombia’ que acaba de publicar el DANE.

Este documento señala que el impacto mayor en la mortalidad de nuestro país desde comienzos del año pasado ha estado representado por las víctimas de la pandemia. Es decir, la COVID-19 está matando y seguirá matando más colombianos que la violencia, los accidentes de tránsito y los desastres naturales.

A tan trágico y desolador panorama hay que agregar los problemas y desbarajustes estructurales de nuestro sistema de salud que no ha sido posible enderezar y poner en la ruta de la atención oportuna y de la eficiencia para sus miles de afiliados y usuarios.

Hay que reconocer los esfuerzos gubernamentales para enfrentar la pandemia y su voluntad y decisión para asistir y aliviar a los infectados, sin descuidar a los pacientes de otras enfermedades. Como también destacar el reconocimiento y la gratitud a los miles de profesionales de la salud que día a día, hora tras hora, le ponen el pecho a esta calamidad.

El derecho a la salud, proclamado y consagrado como fundamental en nuestra Carta Política, es quizá el más vulnerado y vapuleado en Colombia. No debería ser así, pues sus fuentes de financiación están en gran parte aseguradas con los aportes de los empresarios y trabajadores.

De acuerdo con registros de la Defensoría del Pueblo, el año pasado la Corte Constitucional recibió cerca de 82.000 acciones de tutelas interpuestas por usuarios que consideraron vulnerado su derecho a la salud.

En los primeros cinco meses de 2021, más de 22.000 tutelas se presentaron al alto tribunal. Y antes de la pandemia, entre 2011 y 2020, se reportaron cerca de un millón 500 mil tutelas relacionadas con este derecho fundamental.

Y hay un problema más grave aún: los fallos de tutela no se cumplen, no importa sean una cita con un especialista, un caso de alta complejidad, el traslado de un paciente, una intervención quirúrgica, o la simple entrega de un sobre de aspirina o acetaminofén. Como no se cumplen tampoco otros mandatos judiciales a los que los usuarios tienen que acudir para que sus reclamos sean atendidos.

A las EPS se les responsabiliza con muchas razones por el desbarajuste en nuestro sistema de salud. Pero no son las únicas. Hacen parte de un siniestro carrusel: el Gobierno les debe entre 7 y 12 billones de pesos; por eso alegan que no pueden pagar cumplidamente a los hospitales y clínicas; varias EPS han quebrado o desaparecido, o están intervenidas; y los trámites para el cobro de sus servicios son lentos y engorrosos. Y como pasa en otras esferas del Estado, la corrupción está a la orden del día. Todo un mortífero círculo vicioso que es necesario romper.