A una ciudad desamparada por el Estado como Cúcuta, le cayeron las consecuencias, y hoy no se sabe qué va a pasar con más de 150.000 afiliados a dos EPS, pues según todos los cálculos, ninguna sobrevivirá.
En Colombia, pocas cosas más enfermas que la salud. Está afectada por toda clase de males generados por una sola causa: el letal y hasta ahora inmune virus de la corrupción como fuente de negocio y de despilfarro.
Hospitales quebrados porque las EPS no les pagan; EPS quebradas porque o el presidente u otros responsables decidieron engrosar sus chequeras con dinero ajeno; enfermos que mueren formando en colas eternas en busca de una consulta; laboratorios enriquecidos hasta el asco, que cobran lo que quieren por medicinas; abogados que han hecho su modo de vida de litigar contra EPS, clínicas, hospitales y médicos; políticos que defienden con garras el botín que les representa cada una de las entidades caídas por desgracia en sus manos; EPS que cobran al Estado seis y más veces lo que vale cualquier medicina o cualquier procedimiento…
La radiografía no puede ser más reveladora y el estado de un servicio como la salud no puede ser más desalentador. Está desahuciada, sin remedio ni esperanza, víctima de un plan que desde el comienzo fue concebido como un negocio de mucho dinero, enorme rentabilidad y pocos pero muy poderosos inversionistas.
Sumada a lo anterior la poca o ninguna vigilancia por parte del Estado, tenía que darse, como consecuencia, la serie de escandalosos casos de corrupción como los de Saludcoop, cuyo presidente se construyó, con el dinero de los afiliados, sin temblarle la mano para firmar los cheques, desde una cancha de golf hasta una cadena de clínicas y empresas anexas a la salud, pasando por hacer inversiones en campos de recreo y en un equipo de baloncesto.
Y, claro, como consecuencia, el enorme globo estalló. Como ocurrió con el gran fortín político de Caprecom.
Solo que, para limitarnos a estas dos Empresas Promotoras de Salud, a una ciudad desamparada por el Estado como Cúcuta, le cayeron las consecuencias, y hoy no se sabe qué va a pasar con más de 150.000 afiliados a ambas, pues según todos los cálculos, ninguna sobrevivirá.
Lo grave del caso es que esas personas —tantas como los habitantes de una ciudad pequeña— quedarán sin servicio de atención en salud en la temporada más crítica de todas: diciembre, cuando ocurren más accidentes y emergencias, cuando más riesgos se corren, y cuando menos personal médico hay disponible.
Y, algo peor: entre los 150.000 hay más o menos un millar de los llamados enfermos de alto costo, de los cuales nadie se quiere hacer cargo, por razones más que obvias: para atenderlos es necesario gastar enormes sumas, algo que las EPS no están dispuestas a asumir.
Asignarles los 150.000 pacientes a otras empresas del sistema no parece, en el caso de Cúcuta, el camino más adecuado: ninguna tiene ni cupos disponibles ni la planta física ni el personal médico y auxiliar ni los mecanismos para poder prestarles un buen servicio sin impactar sobre el que hoy están prestando a sus afiliados.
Así, la ciudad y el departamento, están ad portas de una grave crisis en la salud, cuya solución se haría muy difícil, incluso imposible, si el gobierno Nacional no decide ya mismo qué hacer. Lo que no se puede pasar por alto es el hecho de que, mientras las empresas de salud eluden sus responsabilidades, los afiliados se mueren esperando nada.
Y cuando, a través de la justicia, los pacientes o sus parientes pretenden que se les preste el servicio, las organizaciones cambian de gerente y eluden así el mandato judicial, en un juego infame que está dejando muertos.
Por algo los usuarios están iracundos y dispuestos a las vías de hecho a las que los obliga la burla con la que los tratan unas empresas comerciales a las que el dinero les llega a raudales, descontado de las nóminas.
Todo esto de la salud es una burla.
