La alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado Carrascal, sí sabe lo que quiere. Al menos parece que no le tiemblan ni la voz ni el pulso para plantearle de frente a la Policía que si en abril los índices de inseguridad de la ciudad no han bajado, pedirá el relevo inmediato de toda la Policía local.

“Necesitamos que la comunidad recupere la confianza” en la Policía, dijo la funcionaria en un discurso pronunciado ante todos los agentes y oficiales que le prestan su servicio a Ocaña, donde la inseguridad creciente tiene preocupados a los habitantes.

El secuestro de Ramón Cabrales, hace cinco meses, aunque haya sido por la guerrilla, es una gran estrella negra en materia de seguridad comunitaria, en un pueblo grande que se hizo una ciudad intermedia sin que las autoridades se dieran cabal cuenta.

El hecho de que sea el polo de desarrollo y atracción en la región norte del departamento ha hecho de Ocaña objetivo de muchos en todos los sentidos, en una situación en la que las autoridades no han tenido respuestas satisfactorias para las exigencias sociales.

Dineros de muy dudoso origen, gentes dedicadas a actividades oscuras y una sociedad permisiva, además de la llegada frecuente y masiva de refugiados de la guerra en Catatumbo, moldearon una Ocaña con serios problemas para la convivencia y deficiencias notables en la defensa de la seguridad.

Ocaña, como síntesis de Catatumbo, tiene de todo, y la tranquilidad, en casos así, se resiente en sus fundamentos. El Estado se hace incapaz de darles solución a los problemas, porque, impreparado, carece de recursos suficientes. Aquí puede estar la razón para que la Policía carezca de lo necesario para poder garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

La posición de la alcaldesa es lógica comprensible, y responde al afán que le asiste como primera autoridad, de responderles a los electores, y a todos los demás ciudadanos, por la tranquilidad y el bienestar que se les debe garantizar por orden de la Constitución.

Sin embargo, cabe también un poco de comprensión para la Policía, que, como si se estuviera improvisando, no tiene un lugar idóneo para que funcione como su centro administrativo y su comando de operaciones.

La realidad de sus cámaras de vigilancia, de tecnología obsoleta, se refleja en el hecho de que casi todas están fuera de servicio y es imperativo cambiarlas por equipos modernos, eficientes y de reciente tecnología.

Pero Ocaña necesita más que reforzar y apoyar a la Policía. Requiere de programas destinados a neutralizar el impacto de los desplazados y de estímulo a la creación de empresas, a la producción y a la generación de empleo. El sector rural no es suficiente, como lo ha sido antes, para impulsar y mantener el nivel de desarrollo que requieren sus habitantes.

Ante la ineficiencia de los organismos de seguridad, la comunidad, obvio, pierde la confianza en ellos, y muy difícilmente la restablece. El reiterado robo de motocicletas y los hurtos callejeros en algunos sectores contribuyen para que los ocañeros consideren que están cuidados por una Policía que no ofrece ninguno de los resultados esperados por los ciudadanos.

Pero, ¿acaso los ciudadanos se han preocupado, además de exigir buenos resultados, por la manera como los policías tienen que trabajar?

Solo hasta ahora, con la nueva administración, parece haber surgido la posibilidad de que a la Policía le entreguen la sede del Instituto Técnico Industrial Lucio Pabón Núñez, para que lo adecue como su cuartel.

Eso, y las nuevas cámaras, son recursos indispensables que no había. Con ellos, entonces sí, la alcaldesa y los ocañeros pueden, legítimamente, exigirle a la Policía los resultados que hasta ahora han faltado.