Eran nómadas y quieren serlo otra vez. Eran autónomos en sus territorios ancestrales, y se los impidieron. Eran libres, ya no. Tenían su identidad, y ahora tienen otra. Los jiw de Guaviare y Meta quieren ser el mismo pueblo de milenios.
Se cansaron de que les digan qué hacer y cómo, qué comer, cómo actuar, en qué idioma extraño hablar y hasta de qué enfermarse y cómo morir. Nada de todo eso quieren, porque les es ajeno. Solo buscan ser lo que siempre han sido.
Los jiw no quieren desaparecer, pero a eso están condenados, junto con 64 comunidades aborígenes más de las 102 que existen en Colombia. Y, según ellos y la lógica, la única manera que tienen de sobrevivir y de mantener su cultura en pleno vigor es siendo como quieren, es decir, como son en realidad.
Colonos en busca de tierra fueron, hace ya varias décadas, los primeros en atentar contra la cultura jiw, asentada en al menos siete resguardos. Luego llegó la guerra, y con ella el desplazamiento, la miseria, la victimización absoluta de un pueblo tan indefenso como pacífico.
Como consecuencia, los 2.271 jiw no pudieron asimilarse a la cultura del blanco, mientras perdieron elementos fundamentales de la suya, que pretenden recuperar con la ayuda del Estado y de quienes se identifiquen con su causa. Es la tragedia de todos los pueblos que vivían aquí, en el Continente, cuando llegaron los europeos arrasando con cuanto hallaban a su paso y dejando como enseñanza que todo lo de los indios era despreciable.
El caso de los jiw tiene, obviamente, muchos aspectos parecidos con lo que ocurre con el pueblo barí, en el Catatumbo, al que muchas fuerzas, algunas de ellas armadas, atropellan, en una forma de abuso continuada que unas veces se vale de las armas, otras del engaño, pero todas de la violencia.
Tanto han sido vulnerados los barí, que hoy son dos comunidades que, en la práctica incluso de las cosas más elementales, no se ponen de acuerdo. Y las razones van desde las ideas religiosas hasta las necesidades estratégicas, pasando por las conveniencias de discursos políticos absolutamente ajenos a ellos.
¿Por qué no dejan a los barí ser como eran antes de que una parte de ellos fuera sometido a adoctrinamiento católico, como es el caso de la comunidad que se asienta en Catalaura? ¿Cuál es la razón para adoctrinarlos religiosamente? ¿Y cuál, la de educarlos a la manera de la escuela oficial? ¿Por qué destinar dinerales a enseñarles a cultivar cachama en lagos, por ejemplo, si ellos prefieren pescado de río?
Ellos tienen una cosmovisión muy poderosa, creen en Sabateba, su dios, y están capacitados para manejar sus escuelas. Entonces, ¿Por qué para los barí parece no valer el mandato constitucional de la autonomía?
Si hasta organizaciones de campesinos quieren cambiarlos y los estimulan para que aprendan a interpretar la realidad con herramientas políticas que les son no solamente ajenas sino desconocidas.
Los barí y todos los pueblos indios tienen todo el derecho a su cultura, a su lengua, a sus costumbres, a su religión o a la carencia de una; en síntesis, a ser como han sido, sin interferencias, sin influencias, sin rendir cuentas a nadie, con sus autoridades, con su justicia, con su educación.
Otra cosa es que el Estado vele permanentemente por ellos, que los cuide, que los apoye, que les brinde toda la asesoría que necesiten y que pidan, pero sin injerencia de ninguna naturaleza. Y ese papel es el que, de ordinario, no cumplen los gobiernos a cabalidad, con programas que se ven bien intencionados, pero que a la postre resultan generándoles daño a las comunidades.
