Uno de los semáforos del centro de Cúcuta estaba en rojo y de pronto un motociclista que iba con una señora y un niño decidió pasarlo salvándose de milagro que  fueran atropellados por una camioneta que llevaba la vía.

Esto hizo recordar lo dicho por la Contraloría General de la República, en el sentido que la siniestralidad vial en Colombia presenta unas características de epidemia para mostrar la delicada situación que se registra en las calles y carreteras.

Habrá que esperar la reacción del Gobierno Nacional frente a la sugerencia del organismo de control fiscal para darle un manejo de salud pública a la desbordada accidentalidad.

Los riesgos que corren la salud y la vida de los usuarios de las vías -llámese peatones, automovilistas,  motociclistas y los pasajeros de  los servicios de busetas y taxis- confirman que estamos atrasados en la declaratoria de una emergencia para reordenar todo lo que tiene que ver con la prevención y el control para que las normas de tránsito dejen de ser ‘reyes de burlas’.

Luctuosamente está comprobado que  exceder la velocidad, desatender las señales de pare o no hacer la revisión técnico-mecánica de los vehículos, finalmente  terminan llevando a las personas al hospital o al cementerio o dejándolas  con lesiones incapacitantes.

Por algo será que la Contraloría General alertó que las muertes por accidentes viales son muchas más de las que se tienen registradas y superan las que ha dejado el conflicto armado en el país. Está tan delicado el asunto, que el organismo advierte que este año finalizará con cerca de 10.000 muertes ligadas  a la accidentalidad

 Lo anterior implica situaciones delicadas como los posibles subregistros de los datos sobre las víctimas, algo que deberá ser urgentemente revisado por las autoridades encargadas, para ponerle más cuidado a este aspecto en que el derecho a la vida también se está perdiendo.

Por ejemplo, mientras que la Agencia de Seguridad Vial reporta 22.000 afectaciones anuales, el SOAT da cuenta de 800.000 atenciones anuales y reclamaciones por $530.000 millones ante la ADRES, cifras que no son de poca monta.

Estos impactos económicos deben mover al Estado a tomar determinaciones urgentes y de contundencia frente a todo lo que está sucediendo en la movilidad, donde no podemos disimular que el caos es la regla.

El creciente número de muertes y los altos costos tienen que llevarnos a  la pregunta, ¿qué estamos haciendo mal?: pues nada menos que nos estamos creyendo los dueños de la vía mientras poco nos interesa la vida de nuestros hijos y de los semejantes.

Hay quienes señalarán que para eso están la Policía de Tránsito y los alféreces, pero ni la sola seguridad es la garantía para que esto cambie, porque igualmente subsisten las cuestiones de falta de conocimiento de las normas, que mezclado con el mal comportamiento de los conductores termina dibujando este desastroso panorama en las vías nacionales y locales.

Para probar que desde este punto de vista hay graves debilidades, la Contraloría General de la República advirtió la  disminución drástica de la fuerza policial de tránsito, de 8.000 a 4.000 agentes, recordándose un debate de hace 10 años sobre la desaparición del Fondo de Seguridad Vial, sin cambios notables en la situación actual.

Es bueno tener en cuenta estos argumentos de la institución para que se produzcan acciones reales que procuren contener ese dramático panorama descrito.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion