Un país fuertemente golpeado por la pandemia que venía cargando miles de inconvenientes económicos, sociales y políticos y  ahora afectado por el impacto de un histórico paro que supera el mes, podría tener un tubo real de escape si en el Congreso de la República se dieran la pela y de verdad se aprieten el cinturón y dejen de estar llenos de privilegios.

Por ahí anda un proyecto de ley al que lo están mostrando como un gran triunfo para la democracia y una presunta prueba de que los padres de la patria se quieren desprender de sus millonarias asignaciones y disque trabajar realmente por el país.

A la muy  llamativa iniciativa  que igualmente desean hacer pasar como la panacea, se le llama la reducción del descanso de los congresistas recortándoles a los legisladores las vacaciones de fin de año, de tres a dos meses, y que las sesiones se reanuden en febrero, por ejemplo.

Cuando algún empresario que ya venía padeciendo inconvenientes antes de que llegara el coronavirus y que haya quedado peor como consecuencia del impacto de la pandemia vea esto, se burlará de inmediato de ese presunto esfuerzo de los miembros de la Cámara y el Senado, que en plena temporada  de crisis sanitaria fueron premiados con jugosos reajustes salariales.

La ciudadanía se ha venido mostrando molesta porque los 108 senadores y 172 representantes que presuntamente son los voceros de las regiones y llegan al Capitolio a crear leyes  para el beneficio general, están como en una especie de burbuja que los aleja de la realidad y que cada vez están menos cerca de quienes habitan en los departamentos y municipios de donde salieron.

Notando la urgencia de cerrar las ‘venas rotas’ del presupuesto colombiano, resultaría un camino adecuado, recortar su abultado sueldo y quitarse beneficios que salen directamente del bolsillo de los colombianos.

Es inobjetable que ante la caída del prestigio de la institución del Congreso de la República frente a los ciudadanos, ha llegado la hora de avanzar en una real reestructuración de la corporación, proponiendo varias determinaciones sencillas, que demuestren que los congresistas han decidido hacer un acuerdo con los colombianos.

En ese sentido, los senadores y representantes deben determinar por lo menos el recorte en un 30% de su actual asignación mensual, con una congelación de al menos cinco años. Y que no  vuelvan a recibir esos $100 millones que les dan cuando se quedan en casa vacacionando.

Además, que ellos mismos se paguen sus pasajes, compren y financien sus celulares con los respectivos planes de datos y que como los colombiano asalariados, solo tengan un periodo anual de vacaciones, de unas cuantas semanas, porque para eso se les llama ‘honorables padres de la patria’ para que trabajen por su país y su pueblo. Eso no es pauperizarlos ni bajarlos de estatus. 

Y ya que estamos hablando de esto, algunos sondeos especializados han indicado que Chile, Colombia, Brasil, Panamá y México son los países latinoamericanos que encabezan el listado con los más altos salarios por parte de los miembros que hacen parte de los congresos de cada uno de ellos. El congreso debe salir urgentemente de ese puesto y situarse entre los últimos y en cambio subir en el ranquin de eficiencia de sus legisladores, ahora que es tan urgente ese desprendimiento.