Hay una inquietud presidencial que deja entrever que hay más discurso que acción o que en alguna parte hay rompimiento en la cadena de mando o está operando un teléfono roto que no ha permitido, según lo expuesto por el presidente Gustavo Petro, sobre la reapertura de la frontera y su reflejo para la oportunidad productiva  en Cúcuta y los municipios metropolitanos.

En lo que dijo en el encuentro con dirigentes comunales debe ser motivo de preocupación entre la dirigencia local y razón suficiente para reclamar a las autoridades respectivas que hagan lo necesario para que la ilegalidad no siga campeando.

“De hecho, aún hoy, buena parte del tránsito de camiones y de carga de Colombia hacia Venezuela y viceversa, pasan por cruces ilegales”, fue la sentencia que dejó aquél día el jefe de Estado.

Después se le oyó algo que ya en otra oportunidad había advertido, quedando en el ambiente la inquietud de que la corrupción desatada por el contrabando está tan fuerte enquistada que le permite saltarse por encima las órdenes emitidas desde las más altas esferas gubernamentales.

Lo peor del caso es que el silencio impera después de que Petro asegurara desde el atril del coliseo de la Universidad Francisco de Paula Santander, que ese tráfico ilegal de mercancías es “cuidado por funcionarios públicos...esta es la segunda vez que lo repito”. 

¿Y entonces? Se supone que tal vez la Procuraduría de oficio comience a averiguar lo sucedido, esperándose que haga lo mismo la Fiscalía, porque lo cierto es que esto no puede quedarse ahí como una anécdota más sobre la forma en que la ilegalidad tiene tomada la frontera, poderío que se acrecentó a lo largo de la tormentosa crisis en las relaciones colombo-venezolanas.

Pero también, la Policía Fiscal y Aduanera, la DIAN y demás organismos que están relacionados con todos los aspectos referentes a los movimientos comerciales en la frontera y los encargados de vigilar para evitar el contrabando, están en la obligación de contestar a esto que dijo el presidente:

“Hay ciertos jefes de instituciones estatales que creen que un presidente habla y que se le puede oír, pero no prestarle atención y se sigue haciendo lo mismo como si eso no fuese a pasar nada”.

El contrabando en sus diversas modalidades es un mal que ha estado ahí gravitando sobre la frontera colombo-venezolana, y el cual tiene que de una vez por todas empezar a ser combatido sin cuartel por ambos estados.

Han abundado siempre las denuncias sobre la corruptela imperante para permitir que los cargamentos de  productos  pasen hacia un lado y otro del río Táchira sin que los encargados de vigilar que eso no ocurra se hagan los de la vista gorda. 

Sobre lo dicho por Petro tendrán que pronunciarse Maduro o los generales venezolanos: “esta es la segunda vez que repito que hay funcionarios públicos colombianos y venezolanos que se están ganando un billete con el transporte, la carga y el comercio ilegal, porque lo hacen pasar por trochas”.
 
Ha  llegado la  hora entonces de centrar el debate fronterizo hacia la búsqueda  de  una acción binacional para golpear a los contrabandistas que les restan competitividad y oportunidades de crecimiento económico y productivo a las poblaciones fronterizas.

El plan que se trace debe tener un componente para desbaratar los focos de corrupción fronteriza, aplicarles las normas penales y de extinción de dominio, puesto que el tejido empresarial requiere ser protegido lo mismo que las oportunidades para generar empleo y riqueza en la región. 

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