Cárceles que más bien parecen hoteles. Fugas donde los carceleros se convierten en los porteros de quienes se van a volar. Fiestas y francachelas. Salidas y entradas como si estuvieran en casa, aparte de hacinamientos, microtráfico y comisión de delitos desde las celdas, configuran el grave panorama penitenciario colombiano.

Cuando ni siquiera se habían calmado las agitadas aguas al descubrirse que el empresario Carlos Mattos, procesado por corrupción judicial, y detenido en la Picota iba cuantas veces quería a despachar en su oficina, se produjo la fuga de la misma prisión del narcotraficante Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias Matamba, pedido en extradición por Estados Unidos.

Mientras que un hecho es peor que el que le antecedió, el país reclama con urgencia que se haga una reforma del sistema penitenciario, pero no de maquillaje, sino de carácter estructural que implique levantar barreras contra la corruptela, que es donde radica el meollo del problema.

Para que esto no vaya a quedar como un simple paño de aguas tibias, lo prudente es que esta nueva política la estructure el gobierno que está por elegirse, puesto que en cinco meses, que es lo que le resta a la administración Duque, es obvio que no podrá hacer los cambios requeridos.

Hay que eliminar esos pabellones cinco estrellas y convertirlos en realidad en sitios donde quienes lleguen allá por haber cometidos actos de corrupción contra el erario, tengan que pasar una verdadera temporada como reos, pero sin ninguna clase de privilegios, ligado esto a acciones de extinción de dominio y recuperación real de los capitales robados.

Como los corruptos, los narcotraficantes y los poderosos cabecillas de organizaciones criminales son los que tienden a poseer círculos de apoyo para moverse sin control alguno y vivir a cuerpo de rey, entonces aquí debe de entrar a jugar un papel clave la tecnología y la vigilancia electrónica con poderosos programas para no perderlos de vista ni un segundo.

Sobre este aspecto en particular, es muy importante el concepto del exministro de Justicia Yesid Reyes: “un tema que siempre ha facilitado la corrupción es el excesivo contacto de los presos con los encargados de vigilar. Si nosotros tuviéramos cárceles más modernas, la mayoría de la vigilancia tendría que estar a través de sistemas electrónicos y esto se disminuiría, al igual que tener buen sistema de salud y conexión remota a audiencias evitaría la salida de presos”.

Construir las cárceles municipales. Ampliar muchos de los penales existentes como el de Cúcuta y eliminar definitivamente que los CAI de la Policía o la URI de la Fiscalía se vuelvan ‘pequeños penales transitorios’ también es indispensable para contener el hacinamiento y reducir las posibilidades de fuga.

Pero la descongestión carcelaria también debe de ser un tema que cobre más vigencia, al igual que  procurar que el sistema de justicia penal diseñe y adelante intervenciones de reintegración social eficaz para evitar la reincidencia y para detener el ciclo de integración social fallida de los presos, como lo ha planteado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

En medio de las discusiones que han surgido sobre lo que podría pasar en Colombia, se ha escuchado la posibilidad de la privatización de las cárceles, aspecto con el que no están de acuerdo los representantes de 12.000 funcionarios del cuerpo de vigilancia penitenciaria y 4.000 trabajadores administrativos del Inpec.

Lo único cierto es que la ciudadanía espera mucho más que la simple destitución del director del Inpec o del director de una cárcel, puesto que eso no soluciona nada. La cuestión es estructural y moral.