Dos planteamientos llaman la atención por estos días en la región y que ojalá pasen de las palabras a los hechos para procurar que la complicada situación de orden público y la economía ilegal del narcotráfico  puedan ser combatidas y golpeadas con eficacia y contundencia.

En primer lugar se encuentra la propuesta del presidente Gustavo Petro de convertir a Cúcuta en epicentro de la lucha colombo-venezolana contra los grupos criminales.

Es que el blindaje de la frontera hay que hacerlo de inmediato y con la mayor fortaleza posible para hacerle frente a  organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional, la disidencia de las Farc, el Tren de Aragua y diversas bandas del crimen transnacional.

Del verbo a la acción tiene que pasarse lo más pronto, porque los violentos, como lo han padecido el departamento y la frontera,  se volvieron más poderosos tanto en armamento como en su accionar delincuencial que afecta gravemente la población.

Deberían entonces los gobiernos de Colombia y Venezuela, teniendo a Estados Unidos como aliado, proceder a instalar en Cúcuta la coordinación de inteligencias para que se pongan en marcha las acciones que ayuden a combatir todas las violencias que hoy por hoy afectan a la zona fronteriza.

Es que las policías, los ejércitos, las autoridades migratorias y la justicia de ambos países tienen la obligación urgente de trabajar de manera coordinada y así lograr desmontar esos imperios del crimen que se han asentado a lado y lado de la frontera.  

El intercambio de información sobre los delincuentes y sus bandas es una opción urgente para proceder a identificar, buscar y detener a los cabecillas.

Pero como los criminales cruzan libremente los pasos fronterizos, ese cruce de informes sobre los antecedentes judiciales en ambas naciones es evidentemente  fundamental, porque al tener dicha referencia resultará más fácil su captura, venciendo así a la impunidad de la que tanto se benefician. 

Y  que los militares de las dos naciones actúen coordinadamente en operaciones para evitar que dichas bandas sigan ejecutando sus crímenes también es la opción adecuada que tanto se ha venido reclamando.

Lógicamente para ello tendrá que llegarse a la firma de un acuerdo de cooperación militar, policial y judicial bipartito con respaldo estadounidense, en donde la inversión en tecnología, el equipamiento necesario y operatividad requeridas. Esa será la opción para rescatar la frontera.

Y otro asunto directamente relacionado con la vida colombo-venezolana salió de la cuenta de X del presidente Petro y tiene que ver con el Eln y sus vínculos con el tráfico de estupefacientes. “El Eln debe entender que el camino de la paz consiste en la desconexión del mismo grupo con el narcotráfico”, escribió.

Su referencia obedece a un planteamiento-según Petro-de Antonio García (jefe del Eln) de conformar una comisión internacional para verificar sus desconexión a ese negocio.

El Gobierno nacional dice que la acepta pero con la condición de que sea un “grupo científico e independiente a gobiernos”  y cuya información debe ser entregada al Consejo sobre drogas de Naciones Unidas.

Ahí queda un reto hacia una alternativa de ese grupo armado ilegal que ojalá no vaya a resultar siendo otra estratagema. 

Y el Gobierno nacional, por su parte, debería proceder a motivar lo escrito por Petro en el mensaje de X del 15 de febrero: “Comenzar desde ya el proceso masivo de la erradicación voluntaria de hoja de coca en el Catatumbo. La sustitución de cultivos será fuertemente apoyada financieramente por el gobierno en favor del campesinado del Catatumbo…”. 

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