Darles empleo a más de medio millón de jóvenes, ojalá a muchos de Cúcuta y Norte de Santander que se lo merecen, está previsto con el sistema  ideado por el Gobierno Nacional y que hace parte de una de las respuestas a los problemas planteados en el estallido social que ha vivido el país.

De lograr consolidar la oferta de este número de puestos de trabajo a la masa juvenil desempleada, para la cual ese constituye uno de los mayores dramas del momento, esto servirá para continuar construyendo la política gubernamental en alianza con el sector privado para apoyar a tan importante grupo poblacional.

Y no es para menos, puesto que en solo el primer trimestre del presente año hubo 1,6 millones de jóvenes desocupados, con lo que la tasa de desempleo juvenil se ubicó en 23,9%. Esto expuesto así constituye un cuadro desalentador y generador de pobreza, desigualdad y exclusión social.

Y en Cúcuta la situación es igualmente desalentadora, puesto que en los primeros tres meses del año  registró como desocupados a 38.470 jóvenes, entre 18 y 28 años de edad.

La idea es que en una próxima ocasión cuando el DANE y los analistas midan de nuevo la situación ojalá una parte de esa juventud a la que algunos les dicen que hacen parte de los ‘ni-ni’ que ni estudian ni trabajan, hayan obtenido esa conquista laboral que les comience a permitir construir la posibilidad de superar las necesidades básicas insatisfechas que hoy los agobian.

Ahora, con el balón en el centro de la cancha y el Decreto 688 del 2021, se podría esperar la creación de entre 500.000 y 600.000 puestos de trabajo para la población juvenil colombiana, mediante un subsidio a la nómina exclusivamente para ese segmento.

Llegó entonces el momento para la inclusión y el respaldo a la construcción de un futuro mejor a quienes hacen parte de ese rango de edad por parte de las empresas en el país, abriéndoles las puertas al mundo laboral, en acción coordinada con el Estado.

Se trata de una oportunidad que no debe dejarse pasar por el bien del país, la misma reactivación económica y la desactivación gradual de los factores de conflictividad  y de miseria que alimentan, por ejemplo, el mal pandémico de la  informalidad.

Según el decreto presidencial, los empresarios (llámese personas jurídicas, personas naturales, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos y cooperativas) recibirán un aporte mensual que corresponderá al 25% de un salario mínimo por los trabajadores adicionales entre los 18 y 28 años de edad,  con el objeto de generar empleo joven y formal.

De acuerdo con los cálculos, este incentivo estatal de hasta por doce meses, equivale a recursos del presupuesto nacional por el orden de los $90.000 millones.

No hay que dejar pasar esta oportunidad que no puede considerarse ni de corte asistencialista ni como un gasto más, porque en realidad de lo que se trata es de la cuota inicial para la consolidación de un nuevo contrato social para cerrar las brechas y generar oportunidades que finalmente lleven a una Colombia  menos desigual.

Sacar a una gran porción de la juventud colombiana de la vulnerabilidad, la inequidad y la carencia  es un desafío que no da espera y medidas como la activada por el gobierno del presidente Iván Duque y que empieza a regir desde el primero de julio, significa que hay un compromiso sólido del Estado de ponerle fin a años de abandono y olvido a la generación de relevo.