Hay estadísticas que desmoralizan, que generan un pesimismo que se hace insuperable y doloroso en la medida en que los hechos las limpian de toda duda y las corroboran, en un ejercicio que uno quisiera que no fuera en serio.

Pero son tan en serio, tan contundentes, que apabullan. Saber que uno de cada tres asesinatos ocurridos en el mundo ocurre en Colombia, México, Brasil y Venezuela no es una estadística cualquiera. Es un indicador terrible, que pone a estos cuatro países en el primer lugar de la violencia en el planeta.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) agrega, como si lo anterior fuera poco, que en América Latina la violencia y la criminalidad cuestan igual que toda la infraestructura: tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Verdaderas millonadas…

Obviamente, esto de los costos es solo un ejercicio matemático con el fin de dimensionar el fenómeno violento. Porque, en realidad, una sola vida vale todo lo que se quiera. Y miles, porque son miles las vidas que se siegan en estos países cada año, es imposible calcular lo que representan.

Para Colombia, el estudio del BID coincide con momentos muy importantes de su historia, porque cada día se acerca más la posibilidad de ponerle fin a una guerra que, según las cifras, le cuesta varios puntos del PIB: tres por todas esas vidas humanas perdidas, y otros tantos por la infraestructura destruida. Aunque, valga decirlo, en los últimos meses ha habido realmente un vuelco.

Sin embargo, aún con la guerra neutralizada en un 90 por ciento, Colombia sigue siendo el séptimo país más violento de América Latina, con un índice de 30,8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Chile ocupa el puesto 27 en el continente, con un índice de 3,1 por 100 mil habitantes.

Solo en un ejercicio de comparación, hay que decir que Venezuela tienen un índice de 53,7, mientras el de Honduras es de 90,4, lo que prácticamente hace de ese país centroamericano el más violencia de la Tierra.

Visto así, el de la violencia, que tiene en la guerra el principal componente, es el problema económico más importante del país y su resolución inmediata y, en lo posible, definitiva, tiene que ser prioridad no solo del gobierno, sino de todos los colombianos. No puede haber excepciones.

La violencia desestabiliza, genera inseguridad, y la inseguridad abre paso a la desconfianza. Y es la desconfianza la principal causa para que la inversión en el desarrollo llegue a un país.

Y sin inversión, no hay industria, pero sí desempleo, pobreza, atraso, falta de competitividad.

Por eso, en momentos en que se prepara el cambio en las administraciones locales y regionales, los nuevos alcaldes y gobernadores deberían reenfocar parte de sus programas de gobierno, para establecer la seguridad como la principal de las políticas públicas, pero no a la manera como se ha hecho: propiciando unas violencias para combatir otra, en aras de la seguridad.

Como dice un experto: “Los gobiernos deben preocuparse más por vencer el miedo de los ciudadanos, pues no solo en Colombia hay personas que muchas veces sienten temor de salir a las calles o a un parque. Esto ocurre en toda la región”.

Mientras no se garantice la seguridad —con un lógico reforzamiento de la justicia y de la educación, para evitar la impunidad y la ignorancia—, no habrá un país como el que nos merecemos, y la justicia privada seguirá haciendo carrera, como es el creciente fenómeno en las ciudades.

Somos violentos por cultura, lo aprendimos; también podemos aprender a ser diferentes. Solo hay que dar los primeros pasos.