Es una lucha tremendamente desigual, y muchas veces con resultados tan injustos que pueden desanimar. Pero alguien debe pelearla, alguien debe decirles a los dueños del poder político que muchas cosas que hacen están mal, y que sin duda se puede actuar sin corromperse.

Alguien debe asumir el difícil papel de fiscalizar a los gobernantes, defender a los ciudadanos, velar porque el dinero público no se vaya a cuentas bancarias privadas, y señalar, con nombre y apellido, a quien incumple las normas legales solo porque como empleado del Estado se cree por encima de la ley.

Y somos los periodistas y los medios quienes asumimos esa responsabilidad. Esa y otras, casi todas ellas opuestas al querer y al asentir de los poderosos, que ignoran que es el pueblo el que les paga el sueldo y, por lo mismo, al que le deben rendir cuentas, no al directorio político.

Como consecuencia de cumplir a cabalidad con su obligación profesional y su compromiso con la comunidad, en los últimos 28 años, en Colombia han sido asesinados 144 periodistas, 69 casos de los cuales han quedado en la impunidad absoluta, porque prescribieron y ya no se puede procesar a nadie por ellos.

Es una cifra lamentable, que muestra la enorme incapacidad del Estado, no solo para resolver estos crímenes, sino miles, y por los cuales las Organización de Naciones Unidas (ONU) ordenó que el 2 de noviembre se celebre en todo el mundo el Día contra la impunidad en casos de periodistas.

Por feliz coincidencia, ayer llegó con la noticia de que en Manizales, cuando menos se esperaba, las autoridades capturaron a Ferney Tapasco, uno de los más poderosos políticos de Caldas, autor intelectual del asesinato de Orlando Sierra, el subdirector del diario La Patria, de esa ciudad, que le había destapado todas las corruptelas.

Condenado a 36 años de prisión, Tapasco había huido; vivía escondido en una lujosa casa, y había cambiado su fisonomía. Pese a su promesa de que jamás iría a la cárcel, ahora tendrá que pagar allí por el crimen con el que quiso obligar a La Patria a guardar silencio.

Todo el poder que manejó a su antojo, todo el dinero oficial derivado hacia sus cuentas, todos los abusos, el mismo asesinato, de nada le sirvieron, como no les han servido a otros, también poderosos, que finalmente terminaron en prisión.

Asesinar periodistas es una forma vil y despreciable de censura a la prensa que, a pesar de ello, en Colombia no se ha amilanado ni ha callado nada de lo que tiene que decir. Si matando periodistas pretenden evitar que la sociedad se entere de lo malo que hacen los funcionarios, es mejor que dejen de pensarlo. Ni medio ni periodista alguno callarán jamás.

Y el hecho de que muchos asesinatos hayan quedado en la impunidad para nada significa que todos tendrán la misma suerte. Tapasco ya lo comprobó: pese al inmenso poder político y económico que manejaba, la Justicia lo atrapó, y muy probablemente muera en la cárcel.

Las más recientes víctimas fatales del periodismo son Luis Peralta Cuéllar, asesinado en El Doncello (Caquetá), y Flor Alba Núñez, en Pitalito (Huila), pero en ambos casos hay pistas claras de los homicidas y responsables. En el caso de la reportera, incluso hay un detenido.

El hecho concreto es que esa desigual lucha contra los poderosos, contra los corruptos, se seguirá dando donde quiera que haya un periodista o un medio. De eso puede estar segura toda la comunidad.