¿Por qué no piensan en que las actuaciones de sus gerentes llevaron a que el precio del azúcar subiera 43 por ciento entre octubre de 2013 y mayo de este año, por razón de su acuerdo privado e ilícito?

Es uno de los sectores económicos más poderosos de Colombia, intocable, con un nivel de influencia tal que parecía estar lejos del alcance incluso del Estado.

Pero el Estado lo alcanzó. La Superintendencia de Industria de Industria y Comercio le acaba de aplicar a la Asociación de Cultivadores de Caña (Asocaña) y a 12 ingenios azucareros, la multa más alta jamás impuesta en Colombia: 324 mil millones de pesos.

La razón tiene que ver con una conducta que se está haciendo costumbre en el país: ponerse de acuerdo los productores de un sector para imponer los mismos precios. Cartelización, se llama ese tipo de actividades, y es delito.

Y, en el caso de los ingenios, parece que la actividad ilícita se relacionó con el fin de evitar la reducción de importaciones y manejar los precios del mercado.

No hay duda de que 324 mil millones de pesos es “una suma exorbitante”, como la calificaron los voceros de los azucareros afectados. Pero, exorbitante o no, es la que corresponde al tipo de falta cometido.

El exministro Néstor Humberto Martínez, vocero de los azucareros, liderados por el también exministro de Agricultura Luis Fernando Londoño Capurro, señaló que la sanción es confiscatoria, como si con la multa la industria pasara a manos del Estado.

Desde luego, es parte del derecho al pataleo de los ingenios y de Asocaña, pero para nada se acerca a la realidad: toda la parte plana del Valle del Cauca, y partes de Risaralda, están cultivados con caña de azúcar, lo que indica el poder económico de esta industria, acostumbrada al trato benevolente por parte de los gobiernos.

El hecho de que la sanción no tenga antecedentes en Colombia no significa que no sea la correspondiente, ni que no se pueda aplicar. Lo que demuestra es que la falta cometida es quizás la más grave de sector industrial alguno en cuanto a su comportamiento como negocio.

Ponerse de acuerdo para no competir, como lo dictan las leyes del mercado, a fin de obstruir de concertada, coordinada y continuadamente las importaciones de azúcar hacia Colombia no parece, para nada, una conducta correcta, y mucho menos, una decisión de caballeros.

Según el exministro y abogado Martínez, la multa constituye una especie de pena de muerte para algunos sectores de la industria, y cita a Asocaña, entidad cuyo patrimonio es, según él, de 4 mil millones, y deberá pagar una multa de 30 mil millones.

Quizás sea así, pero, entonces ¿qué quieren Martínez y los ingenios que el Estado haga con ellos que incumplieron normas elementales y claras? ¿Qué el superintendente se haga el de la vista gorda, quizás? ¿Qué haya borrón y cuenta nueva?

¿Por qué no piensan en que las actuaciones de sus gerentes llevaron a que el precio del azúcar subiera 43 por ciento entre octubre de 2013 y mayo de este año, por razón de su acuerdo privado e ilícito?

Nadie en Colombia puede ponerse por encima de la ley, y menos los más poderosos, llamados, como líderes de la empresa privada, a observar conductas correctas, diferentes de las de los delincuentes, ejemplares.

Llama la atención que ni el abogado ni los voceros de las empresas han desvirtuado los cargos. Solo se han limitado a calificar la multa de exagerada, exorbitante y confiscatoria, lo que da pie para pensar que reconocen que sí cometieron las faltas de las que los acusan.

Y si las cometieron, pues que los sancionen.

Es lo que dicen las leyes, y es lo que ha hecho la Superintendencia.