Mientras los más altos responsables del Estado buscan, con errores y con aciertos, solucionar el grave problema de la venta de combustibles en Cúcuta, un alcalde lo desvirtúa todo y, de manera increíble, defiende la actividad ilegal de los pimpineros y le pide a la Policía que les permita seguir delinquiendo.

Eso de decir que “una sola pimpinita o un galón por casa” no constituye una ilegalidad es similar a decir que robar algo pequeño no es delito. El pimpineo es un delito, algo ilícito, así se trate de “un galón por casa” o de miles de galones.

Que el criterio lo expresara un contrabandista, sería explicable; pero que lo pregone y defienda un alcalde con reiterados cuestionamientos éticos, como el de Villa del Rosario, es lamentable e indicativo de que la cultura de lo ilegal parece estar más enraizada de lo pensado entre algunos nortesantandereanos.

Y pedirle a la Policía que no haga cumplir la ley, es decir, que no combata la venta ilegal de combustibles traídos de contrabando desde Venezuela es para cualquiera, y más para un alcalde, ponerse del lado del crimen. Ni más ni menos.

“Si siguen levantándolos (impidiéndoles a los pimpineros vender gasolina de contrabando), se van a sublevar” y a causar disturbios, “porque la gente no va a dejar morir a sus hijos de hambre”, en el elástico criterio del alcalde.

Que el funcionario justifique a los vendedores de combustible ilegal que se establecieron en su pueblo no explica por qué, en el resto del país, muchos papás que carecen de empleo no han tomado el camino de la delincuencia.

Así que más vale guardar silencio a seguir lanzando torpezas al aire cada que un micrófono de prensa se pasa por delante. En boca de un alcalde, defender el pimpineo podría constituirse en una conducta típica del Código Penal. Para todo lo contrario, es decir, para propiciar el respeto a la ley, no la transgresión, fueron constituidas las autoridades del Estado.

Las palabras del alcalde no son la expresión de una postura aislada de un funcionario municipal. Por el contrario, se enmarcan en toda una cultura de lo ilegal que lleva a que haya dirigentes intentado elaborar un proyecto de norma para adecuar a las necesidades y costumbres de la región,  la necesaria, drástica y reciente ley para combatir el contrabando.

Como si por el hecho de ser frontera y de ser escenario de las actividades de poderosas mafias del contrabando nos acompañara el derecho de torcer, en nuestro favor, el espíritu de las normas que pretenden, precisamente, combatir y aniquilar toda forma de delito.

Admitir que no podríamos sobrevivir sin violentar las leyes no es más que reconocer que somos incapaces de trabajar con honradez, ética e integridad, y que se renuncia a que en la región la formalidad se imponga sobre la informalidad, casi toda esta, con muchos componentes ilícitos en el fondo, avanzando en contravía de lo que se espera que deba hacerse según la Constitución y las leyes.

De estos episodios llama la atención, por otra parte, el silencio de algunos sectores como el empresariado formal de la región, que calla ante cada disparate y ante cada actuación cuestionable de algunos funcionarios.

¿No dicen que cada peso que se lleva el contrabando les hace falta a ellos y a sus empresas para generar, por ejemplo, empleo o para producir más y mejor? Y, entonces, ¿por qué callan? Guardar silencio es, en alguna medida, cohonestar con lo absurdo y la inmoralidad, cuando no con el delito mismo.

Si de verdad se quiere hacer algo por esta región, que sea en lo ético y en lo cultural. Lo demás vendrá como consecuencia de tener hombres nuevos que crean que mientras más tolerancia tengamos hacia la ilegalidad y el delito, más lejos nos ubicaremos del grueso de la sociedad.

Y eso no lo queremos, ¿o sí?