Es gratis, pero no medianamente gratis ni tampoco un poquito gratis. Por eso debe de haber una precisión del Ministerio de Edu­cación Nacional y de las secretarías del ramo en cuanto a las matrículas en los colegios públicos, en las cuales no hay que pagar ni un peso.

Por lo tanto, la educación es gratis y ahí no cabe opción valedera alguna para los ya famosos ‘aportes voluntarios’ que de nuevo salieron a relucir en Norte de Santander, puesto que ahí podrían estarse produciendo delicados efectos.

Entre ellos, el de la deserción porque si los padres de familia o acudientes no cuentan con dinero para ello, puede suceder o que se abstengan de volver a llevar al niño o adolescente al colegio o que lo dejen sin cupo.

Ambos constituyen una violación al derecho a educarse tipificán­dose en un procedi­miento generador de desigualdad y en una desatención a las ma­nifestaciones del Estado Social de Derecho para que todos los ciudada­nos tengan las mismas oportunidades.

De los ‘aportes voluntarios’ siem­pre se habla por esta época en que se llevan a cabo las matrículas en las instituciones educativas oficiales, razón por la cual vale la pena que los gobiernos revisen y le pongan aten­ción a ese asunto netamente ligado a cuestiones presupuestales.

El caso ha tomado visos tan delica­dos que deberían la Procuraduría, la Personería y la Defensoría del Pueblo entrar a jugar un papel protagónico para defender a los estudiantes con el fin de que la gratuidad sea real y que su derecho a la educación permanez­ca inalterado.

La prueba se manifiesta en lo expre­sado por directivos de la Liga Municipal de la Asociación de Padres de Familia de Cúcuta: “este es un tema que se repite todos los años porque no dicen que es voluntarios, sino que lo condicionan a ser obligatorio y sabemos que muchos colegios lo hacen porque no les alcan­zan los recursos, pero los papás no se pueden quedar callados”.

Por lo visto, este es uno de los tan­tos problemas que en Colombia y en la región han ‘envejecido mal’ y para los cuales la vista gorda parece ser la opción con la cual el Estado siempre ha venido respondiendo.

Y como esto no puede quedarse así para siempre, a las secretarías de Educación les vendría muy bien hacer una relación de cole­gio por colegio y de escuela por escuela, con el fin de saber cuál es la cantidad de dinero más próxima a la realidad que ne­cesitan para funcio­nar adecuadamente y sin angustias.

Una vez obtenido ese balance bien ela­borado, comprobado y auditado, entonces proceder a generar los trámites de gestión ante las diferentes instancias naciona­les, regionales y lo­cales para que estos gastos reales sean incluidos en los presupuestos anuales y se consigan las partidas respectivas para solventarlos.

Es que nada debe de detener la po­sibilidad de que un niño, adolescente o joven vaya al aula, sin estar expues­to a los riesgos de la calle o de un ocio desbocado o de caer en las manos de los grupos armados ilegales.

Teniendo en cuenta lo anterior, es la hora de empezar a acabar los ‘aportes voluntarios’ no solo con castigos disciplinarios o de otra ín­dole, sino con determinaciones eco­nómicas en las que el Congreso de la República y el Ministerio de Hacienda también deben actuar para suprimir ese déficit que cargan los estableci­mientos de enseñanza y que termina atropellando el derecho a educarse.