Son enemigos de la vida. Depredan la naturaleza. Por su sangre solo corre la crueldad de eliminar todo lo que se mueva, humanos o animales con tal de lograr sus objetivos de infligir el mayor impacto posible, ocasionar miedo y luego llegar a imponerse de facto sobre los pobladores.
Demoledor el informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que saca de la invisibilidad a otras víctimas del conflicto armado colombiano como son los animales domésticos y silvestres, que tampoco tienen escapatoria y sufren desde la muerte, resultan heridos y son utilizados como elementos de guerra por las organizaciones violentas.
Y hasta en eso Norte de Santander -con la subregión del Catatumbo-es prueba viviente de la crueldad y degradación de la guerra, con el asesinato de ochenta perros previo al estallido de los enfrentamientos bélicos entre el Eln y la disidencia de las Farc, a partir de enero de 2025.
Ese solo hecho demuestra como esas organizaciones armadas nutridas por el narcotráfico operan con el fatídico factor sorpresa en contra de la población civil usando un viejo método de dejarla en indefensión matando sus alarmas naturales que son sus perros, en este caso, para luego entrar a cometer homicidios, desplazamientos, desapariciones, reclutamiento forzado y operaciones de control territorial y social.
¿De cuál paz hablan? Cuando su belicocidad desenfrenada en el país tiene al borde de la extinción a 44 especies animales, entre ellas el mono araña del Catatumbo, teniendo presente el análisis que abarca desde 2017 hasta 2026.
Detrás de estos irreparables daños se ocultan peligrosas consecuencias para la sostenibilidad ambiental y la biodiversidad Colombia y la propia salud de las personas.
Lo anterior alcanza dimensiones críticas porque la violencia contra los animales puso en la mirilla a una gran cantidad de anfibios que cumplen funciones clave en el control de insectos y en las cadenas alimenticias, por lo que el reporte de la JEP notifica que su pérdida tiene efectos en cascada.
Como una especie de sanción social a esas estructuras criminales que mediante las bombas, campos minados, las balas, los drones explosivos y sus economías (minería ilegal, narcotráfico, la deforestación y el tráfico de fauna) avanzan sembrando muerte y destrucción de la naturaleza hay que etiquetarlas como peligrosas depredadoras y enemigas consumadas del medio ambiente biodiverso.
Eso no hace parte de ninguna lucha reivindicatoria de derechos ni para buscar que se superen las necesidades básicas insatisfechas o la exclusión social. No. Se trata de insensatos ataques para generar terror y que en últimas tienen la intención de arrasar con todo sin importar que conduzcan al país hacia un escenario distópico sin dios y sin ley.
Al armar el rompecabezas del conflicto se nota que los grupos bélicos no estatales desatan la guerra con la intención de cubrir todos los ámbitos del territorio nacional dentro de su plan de generar la sensación de una poderosa expansión en grandes zonas del país, en donde nadie se escapa, porque está el dato de que cada 30 minutos un animal pierde la vida o queda gravemente herido como consecuencia del conflicto armado.
Hechos como los relacionados en el informe no pueden seguir quedando dispersos, fragmentados o ignorados, sino que es urgente alcanzar el propósito de que esta clase de violencia sea incorporada de manera clara en los procesos de justicia y memoria.
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