¿Qué hubiera pasado el 20 de julio de 1810 sin el alborotador José Acevedo Gómez encaramado en algún balcón, como alborotador oficial de los santafereños? Quizás los acontecimientos independentistas no se hubieran precipitado con toda la velocidad que adquirieron ese día de mercado…

En ese momento, el personaje indispensable era él, con ese verbo fogoso de agitador que le atribuyen los testimonios de la época y la historia. El alborotador ineludible era él. Para algo, de manera tumultuosa, lo habían elegido tribuno del pueblo. Ese día, ese hombre era necesario, imprescindible.

Hoy no hacen falta ni agitadores de café ni alborotadores de avisperos. Las necesidades son otras: mesura, calma, prudencia, tranquilidad, sindéresis. Y tacto, mucho tacto, si no se quiere destruir el sueño más caro del país por razón de una lengua sin control, un cerebro irreflexivo y un corazón y aficionado a la vindicta.

Hoy no hace falta un fiscal general que actúe como chirriante rueda suelta en un tren que, a pesar de todos los obstáculos, parece encaminarse hacia el lugar al que se pretende que llegue… Y que llegue seguro, aunque tarde un poco más.

Al explicar el alcance del tribunal especial de paz, acordado por el Gobierno y las Farc en La Habana, el fiscal general, Eduardo Montealegre, se salió del marco en el que debe moverse como un muy alto funcionario del Estado, para alborotar avisperos.

Contrario a lo dicho hasta ahora, en el sentido de que la conducta de los expresidentes de la república no podrá ser examinada por el tribunal especial de paz, Montealegre aseguró que, aunque ellos tienen fuero, éste no cobija hechos anteriores a sus jefaturas de Estado.

La declaración tiene nombre propio: el del expresidente Álvaro Uribe, de quien el fiscal aclaró que en su papel de exgobernador de Antioquia no lo protege ningún fuero y podría ser acusado de favorecer el paramilitarismo.

Igualmente, el ex vicepresidente Francisco Santos podría ser sometido a la justicia especial, acusado de colaborar con paramilitares. Una investigación en este sentido contra él no prescribe, porque la fiscalía encontró argumentos de que la conducta de Santos podría tener conexiones con delitos de lesa humanidad.

Pero, la cuestión es: ¿hay necesidad de exacerbar más la situación del país, dividido como está no solo en relación con el expresidente Uribe sino en torno del proceso de diálogo con la guerrilla? Para ser francos, no. De lo que se trata es de unificar a los colombianos en busca de mejores propósitos que los de continuar en una guerra absurda; de asegurar caminos para que el proceso pacificador llegue al nivel que se desea; de acabar, de una vez por todas, con el prurito de matar, si es del caso, con tal de que el otro no tenga la razón.

Montenegro puede argumentar en su favor que él responde a los periodistas todo lo que le preguntan, y en eso tiene toda la razón. Solo que él tiene recursos suficientes para dar otro tipo de respuestas, e incluso para abstenerse de hablar, porque cualquier cosa que diga puede ser tomada como prejuicio. Y por eso no se le podría señalar de nada.

Desde luego, no solo el fiscal ha hablado de más, también organizaciones allegadas a las Farc insisten en que el tribunal especial deberá juzgar a todos los altos funcionarios de los últimos gobiernos.

Esto, desde luego, ha activado todas las alarmas y ha ahondado la brecha de credibilidad que separa a las Farc del resto de colombianos. “Son salidas torpes, arrogantes y contraproducentes”, dijo el periodista Enrique Santos Calderón, un hermano del presidente y hondamente vinculado a sectores progresistas de la política colombiana.

Y si alguien como él lo dice, es porque el alboroto puede desembocar en una situación desagradable para todos.