El proverbio popular enseña que “los males no llegan solos”. Se desgranan en una sucesión acelerada, uno tras otro y muchas veces alcanzan una acumulación borrascosa, asfixiante, dañina.

En Colombia se asiste a una situación bien contradictoria. Mientras que se avanza en forma correcta en la negociación de paz entre el Gobierno y las Farc, con franco apoyo de la comunidad internacional, a pesar de las voces internas opuestas a esa posibilidad, aparecen hechos de degradación en entidades oficiales que debieran ser modelos de excelencia institucional.

Es una especia de explosión de conductas disolutas, en abierto desafío a principios éticos que deben preservarse en el manejo de lo público.

En esa cadena de desvíos hay muchos eslabones con lamentable identidad. Uno –y de reciente estallido– es el caso que puso al defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, en el ojo de la tormenta.

Las denuncias de la abogada Astrid Helena Cristancho, quien fuera hasta hace poco su secretaria privada, por supuestos actos de acoso laboral y sexual, configuran una tendencia de indebido aprovechamiento del poder que proporciona la jefatura de una entidad pública como la Defensoría del Pueblo.

Esa caída está a la vista de todos y debe ser investigada a plenitud para establecer con certeza una trama en la que no faltan episodios de morbosa aventura, según las revelaciones conocidas.

Otro eslabón en esa cadena de males recurrentes es el de los sobrecostos encontrados en las obras de ampliación de la Refinería de Cartagena. Se trata de un expediente al cual están vinculados colombianos y extranjeros quienes deben dar cuenta de cuanto los compromete.

La justicia tiene que alcanzar el fondo de este entramado evitando todo margen de error, a fin de que el resultado de la investigación no deje dudas y los responsables de los ilícitos que se hayan configurado queden identificados y reciban la sanción que les corresponde.

Todavía no se ha calmado la tormenta en la Policía Nacional por una serie de posibles irregularidades que compromete a personal del más alto rango. Es otro eslabón que deja mala imagen y, por consiguiente, no puede quedar en las ondas de las vaguedades.

Hay muchos más eslabones que alargan la cadena de las desventuras nacionales. Eslabones que son el resultado de manejos que tipifican conductas frente a las cuales hay que reaccionar con ánimo de rechazo, tanto más cuanto que los organismos de control o los encargados de administrar justicia no cumplen correctamente las funciones que son de su competencia.

La multiplicidad de males que sacuden con tanta frecuencia a la nación debe ser enfrentada con la voluntad de erradicarlos.

Son males que desfiguran la fisonomía democrática y ponen en riesgo el desarrollo económico, social y político del país. Porque todo cuanto vicie negativamente las proyecciones del Estado Social de Derecho es una resta que se le hace a la construcción de un futuro libre de las debilidades que han predominado.

La permisividad de actos en contravía de la legalidad, del bien común y de la ética no pueden tener buen recibo, sean quienes sean sus protagonistas. No debe haber excepción bajo ninguna circunstancia. Toda complicidad con las malas conductas es nociva y distorsiona el orden armónico de la sociedad.