Después de varios días de movilización, los mineros de Boyacá levantaron el paro tras llegar a un acuerdo con el Gobierno nacional, autoridades locales y líderes del sector. Las protestas fueron motivadas por el incumplimiento de compromisos previos y denuncias de persecución contra la minería tradicional.
Como parte del acuerdo, el Gobierno se comprometió a “actuar con total claridad y rigor en el proceso de transición energética”. Uno de los principales puntos fue la definición de una hoja de ruta para avanzar en la Transición Energética Justa (TEJ) en el departamento, la cual deberá construirse de forma concertada e incluir a la pequeña minería de carbón.
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El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, asumió el compromiso de liderar un diseño concertado de dicha hoja de ruta, que integre de manera explícita a la pequeña minería de carbón y se construya con la participación activa del pueblo boyacense.
El propósito de esto sería avanzar en temas clave como dignificación laboral y brindar mayor seguridad jurídica a quienes trabajan en la minería tradicional.
También se anunció que se desarrollarán planes regionales de reconversión productiva, con enfoque en sectores como la agroindustria, el turismo, las energías limpias y el aprovechamiento de minerales estratégicos para buscar alternativas económicas para las comunidades en medio del cambio energético que se está llevando a cabo.
Como parte de los avances inmediatos, el Gobierno formalizó el reconocimiento de 15 pequeños mineros en Boyacá, lo que representa un paso clave hacia una inclusión más amplia de este sector en la agenda nacional de transición energética.
Al respecto, Palma señaló: “todo lo resolvimos; revisamos punto por punto las solicitudes del sector, y actualmente todas cuentan con una respuesta. En algunos casos ya hay avances concretos, y en otros se han abierto espacios de diálogo. Por ejemplo, realizaremos el primer foro de transición agrícola aquí en Paipa”.
El compromiso del Ministerio de Hacienda con los mineros
A la par de estos compromisos, el Ministerio de Hacienda también anunció una medida clave para destrabar el conflicto: un acuerdo inicial con la empresa Gensa para saldar las deudas pendientes con los mineros en paro.
Según la cartera, Gensa se comprometió a realizar un pago “inmediato” de cerca de $9.000 millones, que se suman a los $5.300 millones desembolsados días atrás. Estos recursos, explicó el Gobierno, buscan garantizar la operatividad de la empresa minera y preservar los empleos en la región.
Cabe anotar que Gensa es una empresa de servicios públicos de carácter mixto, lo que significa que su propiedad está dividida entre el Estado y accionistas privados. En este caso, la Nación —a través del Ministerio de Hacienda— posee la participación mayoritaria. Actualmente, la compañía mantiene varias deudas con la comunidad minera, según confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
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Siguen en paro los parameros
Después de cinco días del paro campesino paramero, que tiene como punto de concentración la llamada Curva de la Zanahoria entre Ventaquemada y Tunja, empiezan a surgir voces en contra frente a las solicitudes de los manifestantes. La más crucial: la derogación de resoluciones que delimitan y categorizan como reserva forestal al páramo de El Cocuy. Colectivos ambientales no están de acuerdo en que se acceda a esta petición, porque quedaría el páramo sin protección.
Además, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), informó que fueron aplazadas las pruebas de Estado que se realizarían el domingo 10 de agosto, en Boyacá, tres municipios de Santander y dos de Cundinamarca, debido al paro de campesinos parameros en Ventaquemada.
Por este suceso, según explican, se ha impedido el traslado del material necesario para la aplicación de las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, afectando a 22.570 personas citadas.
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