De la misma manera, el Gobierno confirmó recursos para acelerar la ejecución de comunidades energéticas en diferentes regiones del país. Para ello, se suscribieron vigencias ordinarias futuras, que cuentan con la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), que garantiza su financiación para 2026.
Desde el Ministerio, afirman que la medida podrá dar continuidad a 2.231 comunidades energéticas, que beneficiarán a más de 31.000 usuarios y una capacidad instalada de 37,39 megavatios pico. Todos estos proyectos van a priorizar zonas donde hay mayor nivel de vulnerabilidad energética, como el Catatumbo, La Guajira y el Chocó.
A diferencia del programa de Colombia Solar, que tiene su enfoque en soluciones individuales para hogares conectados al sistema eléctrico nacional, las comunidades energéticas operan bajo esquemas colectivos. Estos modelos buscan que los usuarios generen, consuman y hagan gestión propia de su energía, fundamentalmente desde fuentes renovables, con el acompañamiento de operadores de red y entidades públicas.
Alcances fiscales y retos de la transición
Desde el punto de vista económico, las dos ideas se traducen en un cambio en la forma en la que el Estado se integra en el sector eléctrico. En vez de concentrarse exclusivamente en subsidios para el consumo, el programa prioriza inversiones en infraestructura de generación distribuida, lo que podría generar efectos en la reducción de costos a mediano y largo plazo.
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No obstante, el impacto fiscal va a depender del ritmo de ejecución, la sostenibilidad de los proyectos en el tiempo y la capacidad real para disminuir la demanda de los subsidios.
Las acciones se enmarcan dentro de la Transición Energética Justa, que se contempla en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se plantea la diversificación de la matriz energética, mayor equidad en los territorios para el acceso a los servicios públicos.
La coordinación con los operadores de red, la capacidad del beneficiario y la estabilidad en la financiación del Estado para los próximos años.
Ambos anuncios en conjunto, esperan reflejar una estrategia de largo plazo para seguir fomentando la energía solar en el sistema eléctrico de Colombia, con acciones sociales y fiscales. El desarrollo de las iniciativas servirá para medir su verdadero impacto en la economía.
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