El reciente proyecto de decreto promovido por el Ministerio de Minas y Energía busca modificar el artículo 8 del Decreto 2223 de 1996, generando serias preocupaciones sobre el recaudo de cargos esenciales como la tasa de seguridad ciudadana y el alumbrado público. Esta medida, que también afecta cargos como el crédito no bancario y los seguros inclusivos, podría tener graves repercusiones para millones de colombianos.
El texto del decreto, que se encuentra en revisión hasta el 12 de octubre, propone que los cobros de terceros o cargos no inherentes a la prestación del servicio público se realicen de forma independiente a través de cupones de pago. Esta modificación ha generado alarma en el sector de servicios públicos, especialmente en aquellas empresas que, además de ofrecer servicios básicos, recaudan la tasa de seguridad ciudadana o el impuesto de alumbrado público y en aquellas entidades que tienen programas de crédito no bancario para sus clientes.
Según una fuente, en la actualidad más de 3 millones de hogares utilizan el crédito no bancario ofrecido a través de las facturas de servicios públicos. Estos programas son cruciales para combatir el flagelo del “gota a gota” y del “paga diario”, prácticas que exponen a los consumidores a altos intereses y riesgos de usura.
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“Millones de familias han tenido una cocina digna o un baño gracias a esos créditos que no requieren consulta en centrales de riesgo ni codeudor,” afirmó un alto ejecutivo del sector que prefirió permanecer en el anonimato. “Eso el Gobierno no lo ve,” recalcó.
Además, el alto ejecutivo del sector de servicios públicos señala que los programas de seguros que también se recaudan en las facturas son fundamentales, ya que pueden atender reclamaciones y siniestros que superan los 100 mil millones de pesos cada año. Esta capacidad de respuesta es vital para la protección financiera de los hogares colombianos y es esencial para cerrar brechas de pobreza. “El Plan de Gobierno ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’ tiene metas en términos de inclusión que, con esta medida, tendrían un gran retroceso,” destacó.
Esta medida no es nueva. Desde el inicio del gobierno de Petro, ha habido múltiples intentos de regular las modalidades de cobro. En 2023, Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos, propuso cambios similares mediante un proyecto administrativo que no prosperó. Posteriormente, se conoció un borrador de reforma a las leyes 142 y 143 que planteaba objetivos similares. Con la crisis energética actual y el aumento en los costos de servicios públicos, un funcionario del Ministerio de Minas ha señalado que esta medida busca generar la percepción de que se están reduciendo las tarifas para los consumidores.
Justamente, el pasado jueves, el superintendente Quiroga comentó que las facturas de servicios públicos “parecían un arbolito de Navidad” debido a la cantidad de cargos adicionales que incluían.
A pesar de que la Superintendencia de Servicios Públicos argumenta la necesidad de deslindar las facturas de “cobros no autorizados”, muchos en el sector sostienen que esta percepción no refleja la realidad. Los contratos de condiciones uniformes de estas empresas están ajustados y son protectores del consumidor. Además, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como la Superintendencia Financiera supervisan las prácticas de crédito y seguros, asegurando que se sigan protocolos diseñados para proteger a los usuarios.
Expertos advierten que, aunque la medida pueda parecer beneficiosa para los consumidores, podría tener efectos negativos en la denominada “economía popular”, puesto que el crédito no bancario dinamiza la economía del barrio y mejora la calidad de vida de millones de hogares de estratos 1, 2 y 3.
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“Sin condiciones favorables en el recaudo y con el costo del dinero en las grandes bancas, ese crédito termina siendo inviable. Hoy esos préstamos no bancarios son sanos gracias al recaudo en la factura; con esta medida, la exposición es muy grande,” concluyó el experto.
Otra fuente del sector asegurador afirmó que esta medida desincentiva la cultura del aseguramiento en Colombia, donde ya existe un rezago significativo en el acceso a seguros para la población vulnerable. La eliminación o restricción de estos cobros de las facturas podría resultar en costos más altos y una mayor dificultad para acceder a productos de protección financiera.
En este contexto, es fundamental cuestionar la verdadera intención del gobierno al regular negocios como la financiación no bancaria y los seguros inclusivos. La idea de eliminar cobros en la factura de servicios públicos es una medida que puede resultar en más problemas de los que pretende resolver, afectando la estabilidad financiera de millones de hogares colombianos.
¿La fiebre en la sábana? Algunos expertos señalan que con esta medida, que tiene un aire “populista”, se busca generar la sensación de que el gobierno alivia el bolsillo de los usuarios, pero en realidad está dispersando los cargos, como el de alumbrado público y la tasa de seguridad, que son esenciales, exacerbando el problema de fondo.
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