Entre enero y julio de este año, en Norte de Santander se registraron 11 bloqueos, 400 en el país, por parte de las comunidades inconformes por falta de soluciones a sus problemas sociales o quejas.

El informe de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) destaca que los cierres viales siguen siendo un complejo cuello de botella para el sector logístico, que es la expresión de la dinámica económica, y para la seguridad los conductores.

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La presidenta ejecutiva de Colfercar en el país, Nidia Hernández Jiménez, informó que a los bloqueos por los ciudadanos se suman las interrupciones causadas por los derrumbes, avalanchas o fallas en la infraestructura.

Hernández  recalcó que ese panorama pone en jaque la productividad del sector, la rentabilidad de los pequeños propietarios de vehículos de carga y de las empresas de transporte de carga y pasajeros. Por eso, el gremio solicitó al Gobierno un urgente plan de acción preventivo y no solo reactivo.

“El problema de fondo es que las comisiones del Gobierno llegan muy tarde, por lo general, 72 horas después de que inicia el bloqueo y toca esperar a que se llevan a cabo las mesas de diálogo, en busca de un acuerdo para reabrir la vía”, destacó la líder gremial. 

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El vicepresidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), Arnulfo Cuervo, añadió que contabilizan 700 bloqueos en 2023, con una pérdida de 4.000 horas de trabajo productivo. 

Precisó que, solo en agosto, en la vía Panamericana se registraron pérdidas superiores a los $10.000 millones.

Protestas en Pamplona y El Zulia

Para el director de Colfecar en Norte de Santander, Leonardo Méndez, lo bloqueos que más se destacaron en los primeros siete meses de 2023 fueron los protagonizados por los habitantes en las vías Cúcuta-Pamplona, debido a la puesta en funcionamiento de los peajes en Pamplonita; y El Zulia, por los retrasos en la entrega del nuevo puente Mariano Ospina Pérez.

Sobre el monto estimado de las pérdidas que dejan estos cierres, Méndez informó que es difícil precisarlo, porque depende de la demora en hacer presencia las personas autorizadas para hablar con la comunidad, que puede ser mínimo unas 6 horas, aunque generalmente dan paso por un carril. Entonces, un viaje de 15 horas se le convierte al camionero en dos o tres días.

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Ola de inseguridad

El presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas, también se sumó al llamado a la administración de Gustavo Petro a atender la “situación muy grave”, asegurando que los camioneros les han reportan a diario eventos de inseguridad y violencia en su contra, en vías como la Ruta del Sol.

“Se tiran a las vías para hacer parar los camiones, asaltar a los conductores, robarles el dinero, el radio, sus pertenencias personales y han llegado hasta atentar contra su vida”, afirmó.

Nidia Hernández apuntó que recorrer cada kilómetro se está volviendo más costoso, inseguro e insostenible por la “ola de violencia”, como el cobro de vacunas a conductores, extorsiones a empresarios y la retención de vehículos.

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