El presidente Gustavo Petro manifestó que buscaría reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, lo cual se adiciona a la norma que se venía aplica desde 2021, lapso en el cual se señaló que las horas de trabajo se disminuirían de manera gradual, pasando de 47 horas en 2023 a 42 horas en 2026.

Lo anterior, obliga a los empleadores a calcular los efectos del nuevo valor por las horas de trabajo. Por ello, un informe de la Andi publicado hace unos años, señaló que bajar la jornada a 40 horas significaría un costo promedio semanal de aproximadamente $85.000 por persona para los empleadores.

Y es que la organización señaló que si 6,2 millones de empleados trabajaban por un lapso de 40 horas, el impacto sería de $26,9 billones para la economía, lo que significaría alrededor de 2,7% del PIB, si se compara con cifras de 2019.

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Desde un comienzo, el Ministerio de Trabajo mencionó que con la entrada en vigencia de la Ley 2101 de 2021, la disminución gradual de las horas de trabajo no tendría repercusión sobre el salario de los trabajadores, sin embargo, sí estuvo claro que los empleadores tendrían que asumir costos adicionales con las modificaciones de las jornadas.

En su momento, Fenalco señaló que, la implementación de la norma a 42 horas ocasionaría un impacto extra en sectores como turismo, comercio, servicio, entre otros. “Esto implicaría un incremento aproximado de 20% en los costos laborales. No es posible reemplazar con productividad esas horas en sectores que tienen necesariamente que trabajarlas”, aseguró la organización gremial.

Ahora bien, con las declaraciones del mandatario, el tema vuelve a la mesa. A lo anterior se suma que el Estado, como empleador, también tendría que asumir los gastos que conllevaría la reducción de la jornada laboral a 40 horas, lo cual se da en un margen en el cual el Gobierno está intentando recortar gastos para sanear las finanzas públicas.

En una reciente columna para LR, el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, reconoció que la aplicación de la norma actual ha sido agridulce en líneas generales.

“El balance del primer año de aplicación, cuando la jornada máxima se redujo de 48 a 47 horas semanales, ha sido agridulce. En general, los empresarios han cumplido la ley 2101 de 2021, sin embargo, hay empresas que se han resistido a aplicarla”, escribió Palma.

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La otra cara de la moneda

Para Rodolfo Correa, presidente de Acopi, la productividad no tiene que ver con el número de horas que se invierte en la jornada laboral, sino en los niveles de eficiencia y enfoque con que se comporta el trabajador. Correa señaló que, “esto lo demuestran países en donde la jornada no llega a las 40 horas como Australia, que tiene unas 29 horas semanales”.

Luego, invitó al Gobierno a, “paralelo a esta reforma, el Gobierno impulse un proyecto de transformación digital”.

¿Qué otras implicaciones tiene la medida?

Con la vigencia de la Ley 2101 de 2021, las empresas tendrían que ajustar gastos operativos para reducir la jornada laboral de más de 7,6 millones de personas, que para 2023, tenían un trabajo formal. Adicionalmente, varias compañías tendrían que aumentar el número de sus colaboradores.

Por otro lado, el sector de la salud sería uno de los más impactados, ya que, es uno de los que más demanda recursos humanos en su operación diaria. Otros sectores que en su momento la Andi también señaló que serían afectados serían los restaurantes, el sector comercial en general y la industria BPO, por mencionar algunos.

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