La brecha de inclusión financiera en las zonas rurales preocupa al Gobierno. Por ello, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) expidió un borrador de decreto que faculta a los operadores postales para realizar giros de depósito, transferencias, mantener saldos y captar recursos del público.
Bajo esta disposición, Domesa, Coordinadora, Expreso Bolivariano, Expreso Brasilia y la Cooperativa de Transportadores Unidos de Ocaña Ltda., entre otras 168 empresas postales habilitadas por el MinTIC, tendrían el aval para actuar como intermediarios financieros.
El dilema es que estas empresas no están sujetas a la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), lo cual, de acuerdo con análisis del Centro de Pensamiento Económico ANIF, genera asimetrías regulatorias y riesgos para los usuarios.
El equipo de investigadores de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) indicó en su informe que esta expansión les permitiría, en esencia, funcionar como intermediarios en operaciones que tradicionalmente han sido exclusivas del sector financiero regulado.
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“Si bien la intención de ampliar la cobertura mediante operadores postales puede parecer positiva en términos de alcance territorial, esta medida plantea interrogantes sobre la adecuada protección al consumidor, la prevención del lavado de activos y la interoperabilidad con el ecosistema financiero existente”, destacó el equipo liderado por el presidente de ANIF, José Ignacio López.
Los riesgos
Ausencia de seguro: a diferencia de las entidades financieras reguladas, cuyos ahorros están protegidos por Fogafín o Fogacoop, los operadores postales no contarían con este aseguramiento. Ante una eventual quiebra o problema de solvencia, los usuarios podrían perder sus recursos sin respaldo alguno.
Falta de supervisión: los operadores postales no están sujetos a la vigilancia de la SFC. Estos se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y del MinTIC, cuyo enfoque es la protección al usuario y la prestación del servicio postal, no la estabilidad financiera ni la administración de recursos captados a largo plazo.
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Lavado de activos y financiación del terrorismo: se generan riesgos latentes, debido a que los operadores postales carecen de los estándares robustos de trazabilidad, monitoreo y control transaccional que se exigen a las entidades financieras vigiladas.
Creación de ‘cuentas postales’ sin regulación adecuada: los giros de dinero se transformarían en ‘cuentas postales’, en las que los usuarios podrían mantener saldos y realizar retiros parciales. Esto equivaldría a captación de ahorro sin las normas necesarias de custodia y administración.
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Aislamiento del ecosistema Bre-B: al no cumplir con los requisitos técnicos y regulatorios, los operadores postales quedarían excluidos de sistemas de pagos inmediatos e interoperables como Bre-B, operado por el Banco de la República. Esto aislaría a los usuarios en un sistema paralelo y desconectado.
El dato
De acuerdo con cifras de ANIF, el acceso a algún producto financiero en ciudades y aglomeraciones alcanza un indicador prácticamente universal del 107,1%, mientras que en zonas rurales y rurales dispersas es de 70,6% y 56%, respectivamente. En los municipios intermedios, la inclusión financiera llega al 78,4%.
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