El caso de Lili Pink vuelve a poner sobre la mesa el avance de las economías ilícitas en Colombia, donde el lavado de activos encuentra cada vez más canales dentro de la economía formal. Este un fenómeno que no solo ha tomado fuerza en el país, sino en Latinoamérica por el actuar de los grupos criminales.

La Opinión consultó al Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario, el cual expresó que las rentas ilegales surgen de la explotación de actividades prohibidas, como el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, ante la ausencia del Estado.

“Este es un problema macroeconómico. Las economías ilícitas florecen en el Catatumbo, en Cauca, en Putumayo, y se utilizan los grandes circuitos económicos: Bogotá, Cali o Medellín, para lavar ese dinero, o sea, donde se genera la riqueza es en esos lugares apartados del territorio nacional, que tienen algo en común: la ausencia del Estado”, afirmó uno de los expertos de la institución.

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Destacó que por esa falta de la presencia estatal no hay infraestructura y medios para promover las economías lícitas. Así, el campesino que cultiva naranja, guayaba, plátano y demás productos se enfrenta con la dura realidad de no contar con buena vialidad para ser competitivo.

“Eso hace que las economías legales fracasen y el campesino busque las ilícitas. Entonces, empresas que aparentemente son formales, terminan de alguna manera contaminadas por esas rentas. Se hace más probable que las economías ilícitas permeen las empresas, porque sus socios, clientes o proveedores pueden estar vinculados con actividades ilegales”, añadió el investigador.

Desde el Observatorio manifestaron que, sin juzgar el caso concreto de Lili Pink, este es un   problema histórico en Colombia: economías ilícitas que usan empresas para lavar el dinero proveniente de esas actividades, debido a que no hay barreras que permitan delimitar la economía legal de la ilegal.

La solución para combatir este fenómeno son grandes proyectos de inversión en el Catatumbo y demás zonas con graves problemas de orden público, según la institución.

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No se debe generalizar

Para el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Sergio Castillo, los dueños de Lili Pink están en todo su derecho de defenderse y exigir respeto al debido proceso. 

“Es un caso que no se puede tomar como la generalidad del empresariado del país. A nuestro tejido empresarial realmente lo caracteriza la pujanza, la innovación y el deseo permanente de hacer las cosas bien para salir adelante, generar empleo y mejorar la calidad de vida de las personas”, afirmó. 

Respecto a que, en Norte de Santander, la opinión pública rumora que en esta región hay mucho lavado de activos y se ha creado una negativa imagen corporativa, Castillo indicó que esa percepción no tiene ningún tipo de validez; al contrario, le hace daño a la ciudad.

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“Uno no habla mal de lo que ama y por eso no debemos cometer el error de caer en especulaciones y generalidades sin sustento alguno que, al final, solo afectan nuestra reputación como región. Nosotros, como gremios, y la ciudadanía en general debemos seguir trabajando sin descanso por materializar proyectos de alto impacto, para el beneficio de todos los nortesantandereanos”, apuntó el presidente ejecutivo de la Cámara.

Un delito grave

El docente del Consultorio Jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano, Julio César Rivera, resaltó que el lavado de activos es un delito grave en Colombia, por lo que la Fiscalía General de la Nación debe demostrar, en el caso de Lili Pink, que los dueños sabían que el dinero que ingresó provenía de actividades ilícitas. 

Rivera agregó que la empresa también tiene que aclarar, con pruebas, que tales recursos no tienen su origen en rentas ilegales. Destacó que este escándalo permite enviar un mensaje a las organizaciones corporativas: fijarse de dónde viene el dinero que ingresa a sus arcas.   

En fin, el caso reabre el debate sobre los controles al origen del capital en Colombia y los riesgos de que la economía ilegal siga infiltrándose en sectores formales.

El dato

$730.000 millones habría lavado un conglomerado a través de Lili Pink, según la Fiscalía.

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