El presidente Gustavo Petro no podrá contar con el dinero que pensaba recoger mediante los impuestos contemplados en el Decreto 1390 de 2025 de Emergencia Económica, expedido en diciembre pasado.
Ahora, deberá ajustar el presupuesto, aunque anunció que, tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible dicha reglamentación, propondrá una ley de financiamiento al Congreso.
El profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, dijo a La Opinión que el Gobierno esperaba obtener $16 billones para el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026.
“El presupuesto queda así desfinanciado. Desde luego, lo que procedería sería recortar los gastos. Además, el presidente está pensando en la posibilidad de recoger otros $9 billones con la segunda emergencia económica (decretada en febrero por las fuertes lluvias en ocho departamentos) que, parece, va corriendo la misma suerte”, agregó Amorocho.
El experto en materia fiscal manifestó señaló que, en consecuencia, el Gobierno tendrá que ajustar su presupuesto previsto en $547 billones, mediante un recorte de gastos y apropiaciones, priorizando aquellas circunstancias que no conlleven a que la inversión se reduzca tanto y que el cargo sea en gastos de funcionamiento, como en entidades que duplican y hasta triplican funciones.
El académico subrayó que el impacto final dependerá de cómo el Gobierno administre este recorte presupuestal y que lo que estaba proyectado para inversión no se vea tan afectado.
¿Cuánto recaudó?
El director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, José Mauricio Salazar, precisó que el decreto permitió a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recaudar cerca de $1,65 billones, hasta el 29 de enero, fecha en la que se conoció el comunicado de la Corte Constitucional que suspendió temporalmente las medidas tributarias.
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“La mayor parte de ese recaudo, $1,63 billones, provino del incentivo perverso de la reducción de intereses y sanciones para contribuyentes morosos e inexactos. A este beneficio se acogieron cerca de 175.000 contribuyentes y usuarios aduaneros”, aseguró Salazar.
Destacó que eso contribuyó a mejorar el cumplimiento tributario y a obtener un ingreso efectivo e inmediato para las finanzas públicas, pero es un “mal incentivo, porque sigue generando que personas no le paguen a la DIAN esperando por futuras exenciones”.
“A ese monto se sumaron $23.800 millones por concepto del Impuesto de Estabilidad Fiscal, equivalente al 1% sobre el valor de la primera exportación de carbón o hidrocarburos, y $1.200 millones por el IVA del 19% a las importaciones de licores, específicamente por los 14 puntos porcentuales adicionales establecidos en la medida extraordinaria”, resaltó el economista.
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José Mauricio Salazar indicó que otras acciones contenidas en el decreto no alcanzaron a traducirse en recaudo efectivo, porque su pago estaba programado en el calendario tributario de febrero y marzo de 2026. Dijo que, aunque esos impuestos ya se habían causado hasta el 29 de enero, su ingreso al Estado aún no se había hecho efectivo.
“Con la suspensión, esos recursos quedaron en suspenso y podrían no recaudarse. El monto estimado asciende a cerca de $165.000 millones, correspondientes al IVA del 19% sobre la venta de licores nacionales, al Impuesto Nacional al Consumo del 19%, al IVA aplicado a los juegos de suerte y azar operados por internet y al impuesto del 1% sobre la primera venta de carbón o hidrocarburos en el mercado interno.
El docente en finanzas públicas Henry Amorocho sostuvo que la nueva propuesta de reforma tributaria a la que se refirió el presidente no es prudente, porque ya le rechazaron un texto similar en el Legislativo dos veces (2024 y 2025).
“Esa propuesta de ley de financiamiento la llevó a una emergencia económica, que la acaban de declarar inexequible. Sería, entonces, presentado por cuarta vez un proyecto que ya ha sido tres veces rechazado”, concluyó.
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