La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) rechazó enfáticamente las recientes acusaciones del presidente, Gustavo Petro, sobre un supuesto silencio frente a la crisis del sector.

Además, explicó que el encarecimiento de los créditos hipotecarios y la caída del 11% en las ventas de vivienda durante el primer trimestre de 2026 no obedecen a decisiones arbitrarias de la banca, sino al grave deterioro de las finanzas públicas del país, el aumento del riesgo para la inversión y las políticas económicas adoptadas por el actual Gobierno.

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El pronunciamiento del gremio se produjo luego que el jefe de Estado cuestionó al gremio por mantener un ‘silencio cómplice’ ante el desplome del mercado inmobiliario, tras atribuir el freno en las ventas a las altas tasas de interés reales de la economía. Dijo que estas desincentivan a los compradores, pues, “nadie es tan bobo de comprarse una casa a alta tasa de interés, porque sabe que en cualquier momento quiebra”.

Por eso, la agremiación señaló que no responde a intereses políticos ni ideológicos, argumentando que ha sido clara y consistente en explicar, con argumentos técnicos, las causas de la coyuntura del sector, la cual responde a múltiples factores macroeconómicos estructurales y no a una simple dinámica de tasas dictada por el Banco del República.

Camacol detalló que el crédito hipotecario en Colombia no depende directamente de la política monetaria del Emisor, también del comportamiento de los bonos de deuda pública (TES). 

“El reciente incremento en las tasas de interés hipotecarias responde al marcado deterioro de las finanzas públicas del país”, enfatizó la organización del sector constructor, recordando que la nación enfrenta un déficit cercano al 6,4% y una deuda que equivale al 64% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que elevó los rendimientos de los bonos hasta niveles del 13,7%.

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“Hoy Colombia enfrenta la quinta tasa más alta del mundo en bonos a 10 años, lo que evidencia un encarecimiento del riesgo país. Por eso es fundamental respetar la independencia del Banco de la República y entender que el aumento en las tasas de crédito no es una decisión discrecional, sino la consecuencia de ese mayor costo de endeudamiento. En la práctica, esto se traduce en créditos más caros y en mayores barreras de acceso a la vivienda para los hogares”, explicó el gremio.

Sumado a la presión fiscal, el sector constructor advirtió que las decisiones de política económica de la actual administración elevaron los costos de edificación entre un 16% y un 20% debido a factores directos como el incremento del salario mínimo y los aranceles a insumos fundamentales como el acero, a lo que se suma la constante “incertidumbre regulatoria” y los drásticos cambios aplicados al programa Mi Casa Ya, unas modificaciones que “han reducido significativamente las oportunidades para los hogares de menores ingresos”.

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Las tensiones entre el Ejecutivo y los constructores coinciden con un inicio de año crítico para la industria, pues, los datos oficiales revelaron que las ventas de vivienda cayeron un 11% en el primer trimestre de 2026 al pasar de 26.402 a 23.493 unidades, jalonadas por un retroceso del 16,4% en el segmento No VIS y del 7,9% en la Vivienda de Interés Social, lo que evidencia una fuerte contracción de la demanda que afecta de manera directa la proyección de la economía nacional.

Precisamente, el inicio de proyectos constructivos registró un desplome del 40,7% a principios de este año, pasando de 21.282 a 12.613 unidades con un golpe particularmente severo en la categoría social, que se contrajo un 24,7% en su comparativo anual, mientras que la oferta disponible en el mercado se redujo un 3,5%, configurando un escenario de enfriamiento generalizado donde, a pesar de que los lanzamientos de nuevos proyectos crecieron un 13,7% en el balance del año anterior, la tendencia se revirtió rápidamente con una caída del 11,6% en lo que va de 2026.

Frente a este panorama adverso, Camacol concluyó su pronunciamiento pidiendo al Ejecutivo dejar de lado la polarización y hacer un "llamado respetuoso a enfocar el debate en soluciones y no en descalificaciones", subrayando que el país necesita acciones conjuntas, concretas y urgentes para reactivar la inversión, proteger el empleo de miles de trabajadores y devolverle a las familias la posibilidad de adquirir una vivienda digna.

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