En silencio avanza un proyecto de reforma al régimen de propiedad horizontal en Colombia, que busca que las actividades de hospedaje y alojamiento turístico sean permitidas en cualquier inmueble residencial, salvo que lo prohiba la asamblea de propietarios por mayoría calificada (más del 70%).

Se trata del proyecto de ley 205 de 2022, acumulado con el 282 de 2022, que busca reformar la Ley 675 de 2001, la cual establece desde hace 22 años las condiciones de seguridad y convivencia entre los propietarios de inmuebles.

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El documento, pese a que generó inicialmente gran controversia, sigue avanzando rápidamente en la Cámara de Representantes: fue aprobado en primer debate en mayo de este año, y ya cuenta con ponencia favorable para segundo debate ante la plenaria, y está a cargo de los representantes Oscar Sánchez León, José Jaime Uscátegui y Jorge Eliecer Tamayo, entre otros.

Pero esta vez la propuesta legislativa ha pasado más de “agache”, pues tuvo una menor acogida, difusión y participación en la agenda pública, por lo que gremios como La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia volvieron a encender las señales de alarma.

Alcances e implicaciones

El crecimiento de las estancias cortas responde, en gran parte, el por qué en Medellín la oferta de viviendas en arriendo ha caído más de un 58% y los precios siguen por las nubes: muchos de los contratos de arrendamiento con inquilinos locales se han terminado para ofrecerlos en plataformas turísticas como Airbnb.

Esto ha generado todo tipo de debates alrededor de la llamada ‘gentrificación’, un término que trata de explicar el impacto que tiene la llegada masiva de turistas extranjeros y nómadas digitales a la ciudad.

Lo preocupante ahora, para María Alejandra Pérez, directora jurídica de La Lonja, es que con este nuevo proyecto que se tramita en el Congreso se van a legalizar las rentas cortas en todas las copropiedades sin necesidad de autorización. “Si ya está siendo un problema controlar los Airbnb, luego no habrá cómo hacerlo”, dijo.

Y es que el documento argumenta que la vivienda turística se ha convertido en un actor clave para la economía, razón por la cual considera que se tornaría necesario “que se reconozca la importancia de autorizar en los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal la prestación de los servicios turísticos”.

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En este sentido, este pretende modificar los principios rectores de la definición de libre iniciativa empresarial, pues bajo la ley actual la vivienda turística se permite únicamente si está expreso su uso comercial en el reglamento. Es decir, desde que se constituye el edificio en el régimen o, luego, mediante reforma del reglamento.

“Lo que se quiere con este proyecto es invertir la ley actual: que se presuma permitido el uso turístico de cualquier vivienda residencial, y que la prohibición sea la que quede expresa. Con esto, quienes compren una propiedad con vocación residencial tendrán que modificar la escritura pública del reglamento, consignando allí su prohibición, siempre y cuando esta sea aprobada en la asamblea del edificio por mayoría”, explicó Rafael Felipe Gómez, abogado especialista en derecho comercial.

Para el experto, de ser aprobada dicha modificación se vendría un “apocalipsis” en materia de disponibilidad de vivienda, así como de especulación de precios.

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