Más de 155 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron amenazados en 2023 en el departamento Norte de Santander, mientras que seis fueron asesinados. Estas cifras, registradas por la Corporación Red Departamental de Derechos Humanos, dan muestra de la compleja situación de criminalidad que vive Norte de Santander, que en los últimos 7 años ha sido testigo de la muerte violenta de más de 60 activistas, 90% de las cuales siguen en impunidad. 

Solo este año, al menos 25 amenazas se han contabilizado solo en la ciudad de Cúcuta. Luego de que el alcalde Jorge Acevedo fuera amenazado por bandas delictivas, presuntamente miembros del Tren de Aragua y las AK-47, hubo una reacción en cadena con mensajes intimidatorios hacia líderes comunales de la ciudad. 

Tras lo sucedido el fin de semana con la muerte del veedor social Jaime Vásquez, Enrique Pertuz, activista por los derechos humanos en el departamento, declaró que la situación es preocupante, más aún porque no ve respuestas contundentes por parte de las autoridades civiles y militares. 
 

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Cuestiona la ausencia de “voluntad política” para combatir a las estructuras armadas, que hoy tienen mucho control en los diferentes barrios y comunas del área metropolitana, “aquí lo que se dan son respuestas mediáticas”, dijo. 

En sintonía con esta postura, Jair Díaz, concejal de la Alianza Verde, señaló que para poder combatir la inseguridad en la ciudad primero debe haber en unidad, “la preocupación debe ser por la ciudad, no por una personas o un grupo político”.

 “Lastimosamente estamos en una ciudad en la que tienen que pasar las cosas primero para ahí sí salir la mayoría a hablar, y preocuparse por algo que debieron hacer tiempo atrás”, agregó Díaz.

Es así como, a juicio de Pertuz, surgen propuestas abruptas como la de construir un “muro en la frontera”, de Edison Contreras, presidente del Concejo de Cúcuta; o la de proponer el libre porte de arma en la ciudad, hecha por el propio alcalde Jorge Acevedo. 

“Actuando como islas no vamos a resolver un problema que se ha salido de las manos a los mandatarios”, agregó el activista.
 

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El S.O.S al presidente Petro 

Para Pertuz el llamado de alerta hecho por un grupo de concejales de Cúcuta al presidente Gustavo Petro y al Ministro de Defensa, Iván Velásquez, frente a la desbordada criminalidad en la ciudad, es inútil. 

“Eso es evadir responsabilidades”, afirma el vocero al referirse a la poca gestión que han hecho los concejales desde esa corporación por el tema seguridad,  “no hay una agenda que permita articular aquí política de seguridad, de paz y de convivencia. No ha habido articulación con la administración municipal o otros niveles. Han estado de espaldas a la realidad”, dijo. 

Su poca fe sobre el llamado al Gobierno nacional se fundamenta en su poca confianza al aumento de pie de fuerza “si eso resolviera el problema de la seguridad, el conflicto en el país se hubiera resuelto ya hace rato”, dijo. 

Jair Díaz, aunque en desacuerdo con la forma, en esencia sí considera oportuno el llamado al Gobierno nacional. 

“Siempre he compartido que parte de las problemáticas que tiene la ciudad, es consecuencia de un gobierno que no ha ejercido la labor importante en las diferentes ciudades capitales de los departamentos, y ya es hora de parar con tantas improvisaciones”, indicó. 
 

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Invita a poner la mirada no solo en el tema de la inseguridad, sino también en las soluciones a los altos índices de desempleo, pues considera justamente que la inseguridad se da por la falta de oportunidades  de empleo y de inversión social, “eso es lo que tenemos que contrarrestar”, sostuvo. 

A diferencia de Pertuz, Díaz confía en el aumento de las capacidades policiales y miliares. “Esperamos que esta estrategia sea un plan serio, eficaz, y que realmente supla esas inseguridades que tiene hoy en día el ciudadano”, dijo.

¿Se acaba el control social?

Llama la atención que tras lo sucedido con Jaime Vásquez, muchas personas que hacían un ejercicio de control y veeduría  parecido al del abogado, han optado por cambiar su estilo y marcar distancia con esta función. 

“Esto es un efecto colateral”, dice Pertuz, y asegura que este hecho envió un mensaje a los medios, “a quienes hemos asumido el compromiso de la denuncia, también es una afrenta al sistema de justicia, porque como aquí no pasa nada”, ironizó. 

Martha Maldonado, representante de la Federación Comunal de Cúcuta, dijo que en el mes de enero, tras la ola de amenazas contra el alcalde y los líderes urbanos por la implementación de las primeras acciones del plan Libertad y Orden, que ese efecto de las amenazas por parte de las bandas delictivas es previsible,  por lo que invitó a sus colegas mantener la calma. 

“Vamos a seguir, porque somos unos convencidos de la esperanza,  de que en este país la paz es el camino, y eso puede conseguirse es por la vía del diálogo y no por la vía del plomo”, aseguró Pertuz. 

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