La diferencias que  existen entre dos sindicatos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Alcaldía de Cúcuta para lograr la firma del convenio interadministrativo por la custodia de sindicados de ese municipio, llevó a los primeros a tomar la decisión de mantener por tiempo indefinido el cierre en la Cárcel Modelo de Cúcuta para el ingreso de capturados.

Este miércoles se sostuvo una mesa de trabajo entre la Secretaría de Gobierno de Cúcuta, el director de la cárcel, capitán John  Freddy Rojas y seis presidentes de las organizaciones sindicales, en las que la alcaldía propuso una destinación presupuestal para el convenio, pero los miembros de los dos sindicatos en paro, que aseguran no fueron convocados, se niegan a aceptar los acuerdos suscritos.

Los grandes ausentes en la reunión fueron el Sindicato Nacional de Funcionarios Públicos y Carcelarios de Colombia (Sinfuninpec) y la  Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Aseinpec), seccional Cúcuta.

Estos agremiados son los mismos que desde que inició el año decidieron oponerse al ingreso de detenidos, hasta tanto la administración no salde la deuda por 1.200 millones de pesos que tienen con el Inpec, por los convenios nos suscritos del año 2022 y 2023.

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Luis Castañeda, presidente de Aseinpec, recordó que el pasado, la administración hizo una carta de intención en la que se comprometía a cancelarles 600 millones de pesos para esa vigencia, pero  el acuerdo no se cumplió.

“En el 2022 hicieron una carta de intención pero nunca se generó el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y el convenio no se firmó. Para este año esperábamos que fuera por lo menos 700 millones o lo mínimo 1.200 por los dos años, pero en la mesa de ayer, la secretaría manifestó que solo cuentan con 550 millones por las dos vigencias, algo que nosotros no vamos a aceptar”, señaló el líder sindical.

El abogado Carlos Ramos, asesor jurídico del sindicato del Inpec, declaró que la posición del sindicato es que el cierre se mantenga y que la única alternativa posible para la alcaldía para resolver el tema de los internos sindicados será construir un centro de reclusión.

Explicó que aunque el director de la cárcel haya firmado el acta suscribiendo el acuerdo con la alcaldía, respaldado por otros sindicatos, la medida no se levantará.  “Ellos no citaron a los sindicatos que tienen que ver con el cierre y esto es un acto claro de saboteo”, comentó.

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Ramos dijo que director tiene el deber constitucional de recibir a los internos, pero los sindicatos pueden frenar ese proceso por autonomía y fuero  sindical.

Si fueron invitados

Hidela Benítez, secretaria de Gobierno de Cúcuta, explicó que los sindicatos que mantienen la medida si fueron convocados a la reunión de este martes, mostrando respaldo de esas diligencias.

Señaló que si bien no se firmó convenio en la vigencia 2022, en la mesa de trabajo que sostuvieron fue la directiva de la cárcel y los seis sindicatos quienes decidieron recibir 550 millones porque son recursos asegurados de los que ya dispone la Alcaldía y que corren riesgo de perder por la proximidad de la Ley de Garantías.

Indicó que sobre su persona recae una denuncia penal que hizo en su contra el presidente de Aseinec y eso la imposibilitaba de conocer una actuación administrativa. Sin embargo, asumió conducir la mesa de trabajo para llegar a un acuerdo, que aún debe ser sometido a probación del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez.

Benitez dijo que, en la reunión, el Inpec les pidió que del total de convenio se cancelara 40% en sobre sueldo a los trabajadores y no 30% como se había hecho hasta entonces. También quedó abierta la posibilidad de que, de conseguirse una inyección de recursos, se pueda adicionar al convenio el 50% del total de recursos disponibles. 

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