Convencido del daño que le hace la corrupción a la ejecución de las políticas de seguridad y orden público, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo está decidido a combatir todo aquello que se atraviese en el camino hacia su objetivo: devolverle a los cucuteños una ciudad tranquila y con oportunidad de progreso. 

En este sentido, a propósito del inminente regreso a las calles de la policía de tránsito en Cúcuta, y los cuestionamientos de la ciudadanía por presuntas irregularidades en los diferentes retenes de tránsito en Villa del Rosario, el alcalde advirtió que echaría mano al uso del polígrafo, así como a acciones de contrainteligencia,  de ser necesario, con tal de desarticular las mafias que se gestan al interior de las instituciones.  

Como antecedente del uso de este dispositivo se encuentra el caso de Marelbys Meza, niñera de la actual jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, que fue sometida a la prueba del detector de mentiras, tras la pérdida de un dinero en la casa de la funcionaria. 

Le interesa: Así reaccionaron los ciudadanos al cambio en el sentido de la vía cerca al Terminal de Cúcuta

Pese a la polémica que desató este hecho y que supuso uno de los grandes escándalos alrededor de la Casa de Nariño, Acevedo justificó su intención diciendo que “no vamos a permitir que un foco de corrupción de 3, 4, 5 ,7 policías, dañen la imagen de la Policía Nacional, que hace un esfuerzo por la seguridad de la nación, así que si es necesario someterlos a un polígrafo, lo vamos a hacer; y si no se puede, entonces con contrainteligencia”. Pero ¿Hasta qué punto puede hacerlo? 

Marco legal 

El abogado Carlos Jaimes, experto en derecho civil, explicó que en Colombia el uso del polígrafo –o detector de mentiras- solo tiene autorización legal para exámenes de ingreso laboral en las empresas de vigilancia privada, el uso de este dispositivo en otras instancias no está legislado, hay un vacío legal. 

No obstante, para aquellos casos en los que sí aplica, tanto la Corte Suprema como la Corte Constitucional establecen algunos requisitos, como el consentimiento por escrito de la persona de someterse a la prueba del polígrafo, apuntó el jurista. 

Lea más aquí: Listo primer contingente que reforzará seguridad en CúcutaListo primer contingente que reforzará seguridad en Cúcuta

Ahora, para los fines propuestos por el alcalde, el uso del polígrafo no tiene marco legal y, en todo caso, él como autoridad municipal tampoco tiene competencia para llevar adelante investigaciones de este tipo.

Según la “Guía de investigación para los delitos asociados a la corrupción”, de la Fiscalía General de la Nación, un alcalde no tiene la facultad directa para ordenar una investigación sobre funcionarios públicos o políticos ante sospecha de delitos de corrupción.

Lo que el alcalde sí puede presentar es una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación informando sobre hechos que podrían constituir delitos de corrupción, toda vez que, según el artículo 250 de la Constitución de Colombia, este órgano es el que tiene la titularidad de la acción penal y la obligación de ejercerla cuando tenga conocimiento de hechos que revistan características de delito. 

Por lo tanto, si un alcalde tiene sospechas fundadas sobre posibles delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos o políticos, puede presentar una denuncia detallada ante la Fiscalía. Con base en esta denuncia, la Fiscalía estaría obligada a iniciar una investigación preliminar para determinar si existe mérito para proseguir con una investigación penal formal. El alcalde no puede ordenar directamente investigaciones, ya que esto corresponde a la instancia judicial, pero sí puede iniciar investigaciones administrativas en casos de sospecha de corrupción. 

Entérese: Así están afectando los cambios en la clasificación del Sisbén a los cucuteños

Buenas intenciones

Ante las limitadas competencias de Jorge Acevedo para atacar directamente los delitos de corrupción, Carlos Jaimes rescata las buenas intenciones y la valentía que tuvo el mandatario en abordar un tema que ningún otro alcalde se había atrevido en la ciudad. 

La consigna anticorrupción de Acevedo, según el jurista, tiene el valor añadido de centrar el debate público en torno a un tema álgido y estimular el control ciudadano frente a la actuación de los agentes encargados de brindar seguridad y resguardo a la entidad.