Las intervenciones a EPS que adelantó el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, contra Sanitas y Nueva EPS, han comenzado a generar un clima de incertidumbre entre prestadores del servicio y usuarios, generando un efecto contrario al que perseguían estos procesos. 

Daniel López Morales, del Departamento de Derecho Público e investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, explicó que esto es consecuencia del impaccto negativo que generan estas acciones. 

Si bien en las primeras de cambio tras la intervención de Sanitas el pasado martes, el clima de atención era normal en las diferentes IPS de la red prestadora de servicio,  la situación comenzó a cambiar cuando el gobierno tomó el control total de la Nueva EPS al día siguiente. 

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Aunque no hay información confirmada, en Cúcuta y otras partes del departamento han comenzado a reportarse fallas de atención en algunas clínicas y centros médicos, que han decidido demorar o afectar de alguna manera el servicio. 

En la Secretaria Municipal de Salud han observado la situación por el incremento de las quejas en los últimos días sobre el funcionamiento de las EPS intervenidas y también de Coopsalud, y han hecho un llamado a los usuarios a denunciar la situación a través del sistema SAC, Servicio de Atención al Ciudadano. 

López advierte que además pueden presentarse desafiliaciones o traslados de usuarios a otras EPS, buscando mejores garantías de servicio. 

“Es muy posible que sea un fenómeno que ya se esté dando, porque la experiencia ha mostrado que las intervenciones para administrar EPS no han llevado buenos resultados y terminan normalmente en liquidación”, dijo. 

Puntualmente sobre los casos de demora o restricción de los servicios, señaló que las entidades intervenidas deben continuar la atención al usuario, no hay nada que avale una práctica contraria. En situaciones así lo que debe hacer el usuario es denunciar y ya la Supersalud se encargará de imponer las sanciones a que haya lugar a la prestadora de salud que esté coartando este derecho fundamental. 

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La liquidación: una catástrofe 

Pese a que el panorama de la salud en Colombia ya es crítico desde hace tiempo, López Morales afirma que una hipotética liquidación de Sanitas o Nueva EPS, o ambas, sería prácticamente una catástrofe. 

“Por la magnitud de un evento así estaríamos en una de las crisis más graves de la historia, porque lo que en principio deberían hacer es reubicar a estos pacientes – más de 16 millones de usuarios- en otra EPS, pero al ser tal el volumen, no veo una EPS que pueda recibirlos garantizando una continuidad absoluta del servicio, es decir, estaríamos definitivamente en una de las peores crisis del sistema”, dijo el docente de la Universidad Javeriana. 

Señala que al menos en este momento de intervención, el usuario sigue de alguna manera bajo el amparo de las EPS, pero en un escenario de liquidación el abandono sería total, tanto para las personas del régimen contributivo como subsidiado.

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Hallazgo de la Procuraduría

Sobre la denuncia del procurador Luis Ramiro Escandón, sobre la posible vulneración del debido proceso en la toma de intervención de las EPS Sánitas y Nueva EPS, el observador de la Javeriana aseguró que esto no cambia la medida pero sienta un precedente importante.

“La Procuraduría es un ente de control disciplinario, es decir, lo que podría hacer es sancionar o tomar medidas sobre los funcionarios que participaron en la toma de decisiones pero no propiamente sobre el proceso, sin embargo, habilitaría para que los jueces de la República puedan tomar decisiones de suspender o dejar sin efectos una intervención”, dijo, aunque no afirma que este sea el caso puesto que se espera que la Supersalud haga los respectivos descargos. 

Caso Compensar

La asfixia al sistema de salud en Colombia es cada vez más fuerte, evidencia de ello ha sido la solicitud de liquidación que ha hecho la EPS Compensar, al declararse incapaz de seguir prestando el servicio a sus afiliados. Mientras espera respuesta de la Superintendencia, que debe evaluar el caso, la crisis y el clima de incertidumbre aumentan. 

En Norte de Santander, esta prestadora de servicio tiene presencia en seis municipios, donde tiene a su cargo 67.923 afiliados, mientras que en todo el país son cerca de 4 millones. 

Denis Silva, vocero de pacientes a nivel nacional, dice que el movimiento lógico en este caso es proceder al traslado de pacientes a otra EPS, que era lo que pretendía el gobierno, hacerlo a Nueva EPS, pero no es posible dado el proceso de intervención. 

“Hoy, la situación es caótica, crítica, porque no hay  quien le responda a los pacientes que son la razón de ser del sistema de salud”, dijo.

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