De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la Nación, al menos 400.000 niños están afectados tras los cambios en el modelo de contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que impuso el Gobierno de Gustavo Petro. Es decir, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) aún no han comenzado sus actividades. En Cúcuta el panorama no es diferente. 

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De acuerdo con Blanca Albarracín, presidenta del sindicato que reúne a las madres comunitarias en Cúcuta, en la región, al igual que en el resto del país, los CDI se encuentran cerrados hasta nuevo aviso.

“Ningún CDI ha comenzado. Estuve dialogando con la directora regional del ICBF y me dijo que ya están terminando la contratación con los operadores y se espera que en el transcurso de la semana ya estén contratadas las madres comunitarias”, manifestó.

La Opinión visitó la sede de algunos Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad, en donde los padres cucuteños de bajos recursos dejan a sus hijos mientras van al trabajo, y solo se encuentran el personal de seguridad con una respuesta casi que predeterminada para quienes se acercan a buscar información: “está cerrado hasta nuevo aviso. No manejamos más información”. 

En el CDI Mentes Creativas, de Siglo XXI, hay un letrero, casi decolorado tras las semanas que tiene recibiendo sol y agua, pegado a las afueras de este instituto en el que culpa al Bienestar Familiar de las demoras en las fechas de inscripción. 

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“En este momento no hay fechas tentativas para el inicio de este 2024. Nos encontramos a  la espera de indicaciones del ICBF”, reza parte del letrero que además insta a la ciudadanía a tener los documentos correspondientes para un proceso de matrícula que tiene fecha incierta. 

Según los trabajadores de seguridad que están en estos centros, y personas que hacen vida alrededor de los CDI, todos los días asisten padres de familia, con sus hijos en manos, rogando tener información positiva sobre alguna fecha de inicio.  La Opinión intentó contactarse con los representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Norte de Santander; sin embargo, no se obtuvo respuestas. 

Afecta a los niños y padres

El hecho de que las puertas de estos Centros de Desarrollo Infantil continúen cerradas no afecta solo a los niños de bajos recursos que contaban con el cuidado y la alimentación que les ofrecían de lunes a viernes, sino que además representa un problema para los padres que no tienen dónde dejar a sus hijos mientras trabajan. 

Así lo expresó Andrea Carvajal, una madre de familia que estaba buscando infomración en uno de estos centros.

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“Vengo a buscarle cupo a la niña para poder trabajar y que mi esposo también lo haga. Desde el año pasado estoy viniendo, tratando de conseguir cupos. Aquí me dicen que todavía no se sabe nada. Me dijeron que tenía que estar viniendo constantemente. Estos días no he podido trabajar, porque cómo dejamos la niña sola”, contó.  

En este sentido, la presidenta del sindicato de madres comunitarias, Blanca Albarracín, explicó que Norte de Santander, por ser un estado fronterizo, cuenta con otro tipo de problemas como el de la migración. 

“Es grave, porque todo el país está en la misma situación. Estamos dejando de atender la necesidad de muchos niños que realmente necesitan el programa, sobre todo niños venezolanos aquí en la frontera, en donde los papás necesitan dejar sus hijos al cuidado de un centro de atención para poder ir a buscar el sustento. Esto por la situación tan difícil que hay en Cúcuta, en donde no hay oportunidades de trabajo”, enfatizó Blanca Albarracín.  

Los CDI tienen capacidad para recibir desde 100 hasta 600 usuarios en todo el país y deben operar durante 220 días al año. Tras los atrasos que ha significado el cambio en los modelos de contratación, el 2024, inevitablemente, será un año en el que no podrán cumplir con ese objetivo. 

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 “Al menos los niños tienen segura la comidita allá en los centros y los cuidan, mientras los papás miran cómo se rebuscan la comida  para el resto de la familia”, explicó Blanca Albarracín sobre la urgencia que tienen los padres para que estos centros comiencen a operar.

Hay que recordar que estos CDI reciben a niños de bajos recursos en el rango de edad desde los dos hasta los cinco años, o hasta que ingresen al grado de transición.  

¿Cuáles son esos cambios de contratación?

Los lineamientos del Gobierno hablan de ejecutar los recursos directamente y evitar acudir a terceros u otras entidades para que sirvan como intermediarios. 

En este sentido, el Bienestar Familiar adoptó ese llamado “giro hacia la economía popular” que impulsa la administración de Petro y priorizó las contrataciones a organizaciones sin ánimos de lucro y juntas de acción comunal.” 

Sin embargo, el viraje comenzó sobre la marcha y los miles de niños colombianos siguen a la espera de las reaperturas de estos centros que permanecen cerrados desde diciembre de 2023.
Sobre eso, Blanca Albarracín, presidenta del sindicato, explicó que desde el ICBF les siguen diciendo que la demora está en la licitación, la cual debió estar lista para diciembre del año pasado.

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 “El Gobierno debe preveer las vigencias futuras. Me imagino que el cambio de Gobierno no previó que se deben solicitar los recursos con tiempo, para que el traumatismo no llegue a ese nivel. Dejaron muy tarde para abrir las páginas de licitación de los operadores. A nosotros nos dicen que la plata está, el problema es que los operadores están licitando hasta ahora”, agregó. 

En relación a los atrasos, la Procuraduría General de la Nación catalogó como preocupante que en varias regiones del país aún no se han contratado los servicios de atención para la primera infancia. En este sentido, solicitó al ICBF informar sobre el estatus de las contrataciones. 

También instó a la institución encargada de velar por la prevención y protección integral de la primera infancia que adopten medidas con antelación para que estos retrasos, que afectan a las familias colombianas, no se vuelva a producir. 

Redacción: Brayan Silva / Periodista La Opinión
 

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