¿Quién lo creería? Londres y Cúcuta, dos ciudades totalmente apartadas, con sistemas de gobierno y disposiciones migratorias y judiciales diferentes, comparten una misma realidad que, aunque se manifiesta de forma distinta, responde al mismo fenómeno: la esclavitud moderna, también conocida como trata de personas, que afecta a mujeres migrantes.
En palabras sencillas, en Londres, al igual que en la capital nortesantandereana, hay mujeres migrantes víctimas de trata de personas. Esta práctica se entiende como “el delito que ocurre cuando una persona ejerce control, coerción o captación de otra con el fin de obtener provecho, como si fuera una propiedad”, según lo documenta Lorena Cecilia Vega Dueñas en el libro Trata de personas desde el enfoque basado en derechos humanos: una tarea pendiente.
En el Reino Unido, mujeres migrantes profesionales, pero vulnerables, provenientes de Filipinas, Turquía, Líbano y otros países de ese hemisferio, son contactadas a través de agencias de empleo para trabajar. Sin embargo, terminan en casas de familia como trabajadoras domésticas y sufren explotación laboral al enfrentar jornadas que superan las 15 horas diarias, en algunos casos sin días de descanso. Además, no pueden abandonar el lugar porque sus documentos son retenidos.
En la práctica, estas mujeres son recibidas por familias que cumplen el rol de sponsor, es decir, patrocinan su estatus migratorio al facilitar la obtención de un visado de trabajo en el Reino Unido, siempre y cuando presten servicios domésticos. De esta manera, se evidencia cómo una figura jurídica legal y avalada en ese país puede cruzarse con dinámicas propias de la trata de personas. Se ha documentado que algunas mujeres han logrado escapar, aunque quedan en condición de indocumentadas, lo que representa un riesgo adicional.
En Cúcuta, frontera con Venezuela, la trata de personas también se presenta en numerosos casos con mujeres migrantes, especialmente colombianas o venezolanas en situación de vulnerabilidad. En este contexto, no son agencias de empleo las que intervienen, sino grupos criminales que las utilizan para la explotación sexual. Amenazadas y sometidas, estas víctimas no solo permanecen en la región, sino que también son trasladadas a Europa, Centroamérica y Norteamérica.
Para llegar a este hallazgo poco usual, la investigadora y experta en teatro y performance del King’s College London, Ella Parry-Davies, viajó desde Inglaterra hasta Cúcuta. Su visita se dio en el marco del evento académico y cocreativo denominado “Arte y trabajo doméstico en la frontera”, organizado por la profesora e investigadora Neida Albornoz Arias, directora del Centro de Investigación en Estudios Fronterizos (CIEF) de la Universidad Simón Bolívar.
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Neida Coromoto Albornoz Arias. Directora del Centro de Investigación en Estudios Fronterizos (CIEF) de la Universidad Simón Bolívar.
Aunque la visita se realizó con bajo perfil y sin etiqueta diplomática, según Albornoz se logró una inmersión directa en el territorio fronterizo. Este encuentro permitió un intercambio significativo y una transferencia de conocimientos que arrojó resultados inesperados, como el uso del teatro, la danza y la música para construir resistencia frente a la trata de personas y prevenir este fenómeno entre mujeres migrantes.
El espacio académico se planteó como un conversatorio diseñado para analizar las realidades sociales de esta labor en territorios limítrofes, integrando la praxis colaborativa con una perspectiva analítica e interdisciplinaria.
Hay que visibilizar la trata de personas
El Centro de Investigación en Estudios Fronterizos (CIEF) de la Universidad Simón Bolívar busca visibilizar un delito que en 2024 alcanzó su máximo histórico en Colombia, con 436 víctimas registradas.
La situación en Norte de Santander es crítica. Según la Embajada de Estados Unidos, redes criminales como el ‘Tren de Aragua’ y el ELN operan activamente en Villa del Rosario. Estas estructuras captan a migrantes y personas desplazadas bajo engaños de alojamiento y alimentación, para luego someterlas a “servidumbre por deudas” y explotación sexual.
En Cúcuta, la Terminal de Transportes ha sido identificada como un punto clave para el traslado de víctimas hacia países como Argentina, Ecuador y Perú.
La "mercancía" humana y el control criminal
Uno de los hallazgos más alarmantes expuestos por Parry-Davies es la distorsión de figuras legales como el sponsor o patrocinio. En la práctica, este mecanismo se convierte en una forma de control en la que el captor retiene los documentos de identidad de la mujer. La deshumanización es total: las víctimas son tratadas como productos.
Ella Parry-Davies. Experta en teatro y performance del King’s College London.
La trata de personas con fines de explotación sexual representa un problema de gran magnitud. La rentabilidad es el motor de esta actividad criminal. Naciones Unidas estima que esta práctica genera 150.000 millones de dólares anuales a nivel global.
En el ámbito local, la Fiscalía señala que una mujer en situación de explotación sexual puede generar ingresos de entre 10.000 y 20.000 euros semanales para sus captores. Este negocio criminal considera los cuerpos, especialmente de mujeres migrantes venezolanas —quienes representan el 79 % de las víctimas extranjeras en el país—, como simples objetos de negocio.
Frente a la impunidad, el 89,95 % de los casos de trata en Colombia desde 2010 permanece en etapa de indagación y solo el 3,38 % ha llegado a ejecución de penas, según lo señala Laura Sofía Valencia Ballén para la Escuela de Periodismo Multimedia de El Tiempo, en el proyecto titulado No es hora de callar.
El análisis interdisciplinario concluyó que el Estado tiene la responsabilidad de gestionar mecanismos reales de regularización y protección. Para la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, la investigación y la pedagogía son el puente necesario para que la sociedad comprenda que proteger a la mujer migrante, tanto interna como internacional, es una apuesta por la sostenibilidad y la dignidad de toda la región.
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