Un total de 50 organizaciones sociales, dedicadas a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en Norte de Santander, se han unido para alzar su voz y hacer un llamado de alerta ante la escalada de violencia que se viene registrando en Cúcuta y su área metropolitana.  

En un estudio reciente hecho por el observatorio de la Fundación Progresar, integrante de este movimiento social, esta espiral de violencia vendría dada por la dinámica criminal que ejercen 12 grandes bandas.

Wilfredo Cañizares, vocero de la Fundación Progresar, explicó que durante el cierre de frontera había 22 bandas delincuenciales, y con la posterior apertura y  restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela muchas de esas bandas, que se dedicaban a cobrarles a los migrantes por pasar por las trochas, desaparecieron. 

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En consecuencia, muchos migraron a la ciudad y se dedicaron a la extorsión, hurto, atraco, robo de vehículos, deshuesamiento de autos, así “hoy lo que tenemos son 12 grandes bandas, que están creciendo de manera desaforada, que cada vez tienen más dinero y son responsables de por lo menos el 70 por ciento de los homicidios que ocurren en la ciudad”, dijo Cañizares. 

Toda esta situación –aseguran desde la organización- trae consigo un impacto negativo en la población, pues se ahoga la economía popular y el comercio organizado, “arruinan a gente honrada y trabajadora, e intentan silenciar las comunidades que sufren con mayor rigor, una violencia que crece como bola de nieve. Esto tiene que parar”, claman.

 Llamado de atención a la institucionalidad

En todo este marco de violencia y criminalidad, las organizaciones sociales cuestionan la poca capacidad de respuesta por parte de las instituciones del Estado frente a este fenómeno.

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“Las respuestas gubernamentales se mueven al ritmo de las redes sociales o el silencio cómplice, mientras tanto, la crisis social y económica de importantes sectores  poblacionales, se profundiza”, dijeron en un comunicado.

Asimismo, aseguran que “el Estado colombiano sigue fracasando en su deber de defender la vida y proteger los derechos de los ciudadanos en Cúcuta. Algunos gobernantes se han beneficiado tanto del paramilitarismo, como del crimen organizado. Otros sólo han aplicado paños de agua tibia o han sido indiferentes, pero al final, el resultado ha sido el mismo y llevamos 25 años viviendo una violencia social y política sistemática”.

Es por eso que el objetivo de este movimiento es servir de canal de comunicación para  “hacer propuestas poderosas que ayuden a solucionar los problemas”, añadió Cañizares. 

“La idea es juntarnos con otros y generar un proceso ciudadano para protegernos, porque mientras más solos estemos podemos ser objeto de agresiones por parte de los criminales que están generando esta violencia en la ciudad”, añadió el promotor de derechos humanos. 

Una ciudad sin esperanza

Martín Cruz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores –CUT- que también hace parte de este movimiento, se refirió al reclutamiento de menores de edad que se estaría dando en los barrios de la ciudad por parte de estas organizaciones criminales, que ofrecerían, armas, motocicletas y un sueldo a cambio de hacerse de sus “servicios” para la ejecución de acciones delictivas. 

El líder sindical aseguró que este panorama es la evidencia de que “algo está fallando. Hoy Cúcuta es una ciudad sin esperanza”. 

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Al respecto, Cañizares señaló que el reclutamiento se viene haciendo con “niños de entre 10 y 14 años, quienes son entrenados para llevar droga de una olla a otra”, así como para actuar de vigías en las esquinas de los barrios e informar sobre la intervención de la policía o gente que no es del sector. 

En este sentido, una de las propuestas de esta organización social es hacer un estudio profundo para desentrañar el origen de la criminalidad que, aseguran, no se combate solo con aumento de pie de fuerza. 

“Todos los muertos nos duelen. Todos tienen familias que los lloran y los extrañan sin importar su condición. Debemos desnaturalizar la muerte violenta, dado que banalizarla o justificarla no solo sería perder el rumbo, sino abrir las puertas a un camino sin retorno”, advirtieron las organizaciones sociales.

Llaman a consolidar la unión social como fórmula para frenar el avance violento de las expresiones delincuenciales. 

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