La misión de regresar al Cúcuta Deportivo al Fútbol Profesional Colombiano por parte del gerente liquidador Arturo Acosta Villaveces, parece cuesta arriba pero el designado por la Superintendencia de Sociedades sigue buscando los mecanismos para llegar a un feliz y anhelado término. 

Tras ganar algunas tutelas que pretendían parar el proceso de liquidación judicial, Acosta inició buscando el camino para recuperar el reconocimiento deportivo ante el Ministerio del Deporte (está en proceso).  Por orden de la Supersociedades, ordenó como medida cautelar el embargo diferentes derechos que le pertenecían al club en la Dimayor, entre los que se encuentra el de afiliación, llamada también ‘ficha’.

En su visita a Cúcuta, el pasado 24 de marzo, Acosta contó que la Dimayor había rechazado el embargo y pidió levantar la medida bajo los argumentos de que esa afiliación no tenía ningún valor económico y que además, afectaría el derecho fundamental de la asociación en llegado caso de efectuarse el embargo. Asimismo señaló que el Cúcuta fue desafiliado por tener suspendido su reconocimiento deportivo y por no acreditar acuerdos con los acreedores en la fase de liquidación. 

Luego de esta negativa por parte de la División Mayor, Acosta respondió esta semana, asegurando que debe mantenerse a toda costa el embargo.

Criticas al modelo de la Dimayor

En sus argumentos de rechazo, la Dimayor asegura que es una sociedad anónima, definición que refuta Acosta Villaveces en su respuesta. 

“Aunque no desconozco los pormenores, por la escritura y esa organización me atrevo a aventurar que la Dimayor no clasifica como entidad sin ánimo de lucro para los fines tributarios colombianos, por lo cual hoy es una más de esas entidades híbridas, en donde la forma está divorciada de su esencia económica”, comentó. 

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 El liquidador señaló que la entidad ha intentado llevar el problema como si fuera del plano de terreno privado donde puede afiliar y desafiliar en un entorno donde prevalece su libertad incluso para coartar la garantía cuando actúa como tribunal disciplinario. 

“Niega el derecho a la defensa, impone sanciones desproporcionadas y todo ello en forma automática, sin seguir el debido proceso”, recordó Acosta quien además comentó que la Dimayor controla la poderosa industria económica del fútbol en el país con el poder de que le permite impedir a que el club juegue en alguna competencia profesional. 

“El modelo económico del futbol profesional está lejos de corresponder a una asociación personalísima y sin ánimo de lucro, como nos pinta el apoderado de la Dimayor. Sus estatutos se contradicen. La Dimayor no deja jugar en el torneo profesional a más de 36 equipos. Por ello, el verdadero interés individual de la de afiliación es que cada club tenga su ficha para competir en ese mercado y participar de multimillonarios ingresos por derechos de tv y de publicidad que la Dimayor reparte”, expresó Acosta quien ha afirmado que su principal interés es reactivar al Cúcuta.

 “Hoy los clubes son verdaderas sociedades mercantiles por acciones, en cuyas asambleas no tiene injerencia los hinchas, y cuya voluntad común de asociarse, es inminente capitalista para lucrarse de la actividad del fútbol profesional”, criticó.  

Por el mismo camino de su respuesta, Acosta cuestionó que la Dimayor no ejerce ningún control a las personas que ingresan de socios, frase que trae al recuerdo a José Augusto Cadena, quien antes de llegar al Cúcuta, tuvo un cuestionado paso por Bucaramanga y Patriotas. 

“No tendría sentido hablar de una asociación Intuitu personae (en función de la persona) y sin ánimo de lucro, cuando todos los afiliados se benefician y en alto grado, de los repartos anuales de la Dimayor”, subrayó. 

El valor de la ficha

Al argumento de la Dimayor de que la ficha no tiene ningún valor, Acosta Villaveces refutó basándose en el artículo 13 de los estatutos que dice el derecho de participación para afiliado clase A, tiene un valor de 10 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Al valor presente, la afiliación Clase A valdría 9.085.260.000 pesos.

Esta afiliación le trajo al Cúcuta Deportivo, desde  2015, un ingreso superior a los 21 mil millones. 

“Es innegable la relevancia económica de la ficha, que desde luego por esa razón no cae en la categoría de derechos personalísimos de asociación, sino de activos productivos”, reclamó el liquidador. 

Refuta las razones de la desafiliación 

La Dimayor señaló como principal razón de la deasfiliación, que el Cúcuta Deportivo tenía suspendido el reconocimiento deportivo y por ello, basándose en la ley 49 de 1993, el equipo podía ser desafiliado automáticamente. 

Sobre esto, Acosta asegura que la Dimayor no tuvo en cuenta el principio de la proporcionalidad y que por este sobrepaso el debido proceso y las garantías fundamentales. Criticando de igual forma que no tuvo el derecho a la defensa. 

El otro argumento de la entidad para tomar la decisión el pasado 25 de noviembre, fue que el equipo estaba en liquidación judicial y no había acordado con sus acreedores. 

El acuerdo con los acreedores, según dice Acosta, legalmente no podía darse pues debía conceder por ley un plazo a todos los acreedores para que presenten las acreencias que luego calificará y graduará. 

“La Dimayor hasta ahora acaba de presentar su acreencia, y pretende que de antemano estuviera concertado con ella la reorganización. La falta de lógica y coherencia en el planteamiento deja entrever que su interés es pasar por alto los procedimientos de orden público”, dijo. 

‘El embargo se debe mantener’

“El embargo debe mantenerse a toda costa, pues este esfuerzo de la acreedora Dimayor por negarle valor económico al único activo productivo que le queda a la sociedad, se traduciría no solo en el fracaso de la reactivación que estamos buscando, sino igualmente la incobrabilidad de las acreencias de la masa”, concluye el liquidador. 

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Igualemente, Acosta señala que la desafiliación no goza de presunción de legalidad alguna, pues no ha surtido el debido proceso.

“En el plano jurídico, la actuación debe catalogarse de caótica, indefensable por ausencia de pruebas y por la falta de garantía elementales”, argumenta el hoy representante legal del Cúcuta Deportivo