Se inauguró y abrió paso en el puente Atanasio Girardot entre Cúcuta y Tienditas (Ureña), recuperando parcialmente el tránsito de vehículos y transporte público suspendido por el gobierno de Nicolás Maduro desde el 19 agosto de 2015. Pero la recuperación del tránsito de vehículos particulares y públicos demanda la coordinación en diferentes materias que van desde la movilidad y el cumplimiento de las normativas de transporte hasta la administración de la frontera entre Norte de Santander y el Táchira.
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Uno de los temas sobre los que urge construir una política pública, es la administración de la migración pendular. Se requiere con urgencia hacer de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) un documento de identificación que permita a los ciudadanos venezolanos residentes en el hermano país, pero dependientes de Colombia, poder afiliarse al sistema de salud, matricular niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, abrir cuentas de ahorro, adquirir servicios financieros, y contraer servicios como el de telefonía, entre otros.
Entre 2017 y 2022 solamente en el departamento de Norte de Santander se realizaron 2.051.919 atenciones en salud a personas venezolanas, según los datos del observatorio de Min Salud, y el número de nacidos vivos de mujeres venezolanas con residencia en Norte de Santander fue de 7.141, entre 2020 y 2021, al que hay que sumar los 10.798 nacidos vivos, pero de mujeres venezolanas con residencia en Venezuela.
Un número importante de las atenciones en salud se realizaron por urgencias lo que resulta mucho más costoso para el Estado colombiano, sería mejor que dichas atenciones se realizaran por el sistema subsidiado o el contributivo, pero para ello se requiere elevar a documento de identidad la TMF y formular una política pública de atención a la población residente en la frontera venezolana. El sistema de salud venezolano sigue colapsado, lo cual es una carga para Colombia, pero también puede ser una oportunidad para el turismo médico o para construir un sistema de aseguramiento de población venezolana fronteriza.
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En materia educativa, según el Observatorio del DNP, unos 52.769 niños, niñas y adolescentes venezolanos se encontraban inscritos para el 2021, aún no se tienen los datos del año pasado. Muchos de ellos tenían el Permiso por Protección Temporal (PPT), a pesar de ser población residente en Venezuela, es decir que se veían obligados a mentir para acceder al derecho a la educación y poderse graduar. Se debe crear una política pública para la población en edad educativa y coordinar con las autoridades venezolanas un plan de recuperación del sistema educativo venezolano en la zona de frontera, así como la formulación de contenidos específicos para población fronteriza y binacional.
La falta de acceso al sistema financiero de la población venezolana se ha convertido en el terreno fértil en el cual la criminalidad lava recursos ilícitos y mueve grandes sumas de dinero en la zona de frontera. Para empezar a controlar los capitales es importante darle acceso a los servicios financieros a la población venezolana residente en Venezuela que viene a Colombia a adquirir bienes. También es importante para mejorar el registro de las remesas venezolanas desde terceros países que llegan a Colombia o incluso para que los venezolanos de frontera de sectores medios y populares recuperen la capacidad de ahorro, que no tienen en su país.
Una frontera en la que se pueda administrar la migración pendular de manera ordenada, segura y regular demanda diseñar políticas públicas que van desde lo social hasta la formulación de acciones coordinadas con las autoridades venezolanas, a pesar de las diferencias en los sistemas económicos y políticos.
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