El fin de semana pasado, el ex vicepresidente Vargas escribió una columna donde ataca mi propuesta de regular todas las sustancias. Así, con argumentos anacrónicos y sofismas, pretende caricaturizar y deslegitimar una solución a una guerra que ya es cuestionada por varios países en la comunidad internacional y cuyas principales víctimas son los pobres, los jóvenes y los negros.

En primer lugar, regulación no es liberalización para que quien quiera produzca, venda, compre o consuma. Se trata de proponer una nueva política, enfocada a que el Estado capture el negocio criminal, establezca las reglas de juego y asuma la responsabilidad de agente regulador del mercado. Una política integral con un sólido componente de salud pública, que por ejemplo reglamente la ley 1566 de 2012, de nuestra autoría, que reconoció la adicción en Colombia como enfermedad y le dio una mirada descriminalizante a los consumidores en general y en particular a los problemáticos.

La educación es un pilar fundamental para una nueva política, y el desarrollo de una cultura social que desestimule el abuso de sustancias y garantice un consumo informado y responsable. La venta a menores de edad seguirá siendo delito, y el consumo de cualquier sustancia en esta población será tratado como problemático.

Regular tampoco es amnistiar criminales o excarcelarlos. Se trata de dejar de criminalizar campesinos y consumidores. De que el Estado persiga las estructuras criminales puras y duras relacionadas con el lavado de activos y la venta de precursores químicos indispensables para transformar la hoja de coca en clorhidrato de cocaína.

Ahora, es pertinente preguntar si todos los presos por delitos relacionados con drogas son criminales violentos y de alta peligrosidad. Hay investigaciones que demuestran que la mayoría hacen parte de los eslabones débiles de la cadena, mujeres cabeza de familia, campesinos, desplazados o a veces los mismos adictos. No solo en Colombia sino en otros países se han podido encontrar relaciones tan indeseables como entre el color de la piel y la probabilidad de ser interceptado por la policía para una requisa. En Estados Unidos la guerra contra las drogas siempre ha sido racista. Plantear una regulación del mercado de las drogas es también tener la oportunidad de equilibrar la política criminal para no seguir capturando y criminalizando a los más pobres y vulnerables.

No obstante, somos plenamente conscientes de que el mundo debe avanzar hacia la regulación, pero estamos seguros de que Colombia tiene toda la autoridad moral para liderar esta campaña internacional por una causa justa. Son múltiples y diversos los modelos de regulación, que están en vigencia, principalmente del cannabis de uso medicinal y adulto. Son experiencias valiosas, para paulatinamente, en un proceso por etapas y concertado, construir un marco regulatorio que haga parte de una nueva convención de naciones unidas que actualice los instrumentos de 1961 y 1971. En Colombia también se requiere un nuevo estatuto de estupefacientes que reemplace la vieja ley 30 de 1986.

Finalmente, hay que tener clara la verdadera intención del doctor Vargas. A él, representante de la vieja clase política, no le importan las soluciones de fondo que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, lo que realmente buscaba era mostrar su desacuerdo frente al proceso de recuperación de la personería jurídica del Nuevo Liberalismo, cuya tutela se encuentra pendiente de fallo en la Honorable Corte Constitucional.