En los libros jurídicos se dice que el fin del derecho es eliminar la guerra. No obstante, hay regiones colombianas donde es difícil establecer el imperio de la ley por causa de una guerra que se resiste a desaparecer. Esta es una realidad que afecta a la población en general y que también afecta a la administración de justicia.
Las recientes amenazas en contra de la jueza penal de Cúcuta Vivian Polanía invitan a pensar en la labor de los jueces que administran justicia en una región donde casi todo el código penal se vulnera y donde existen funcionarios judiciales que intentan hacer frente a ello.
Los jueces penales no tienen una tarea fácil porque encaran diversos problemas que se relacionan directa e indirectamente con su trabajo.
Primero, tienen que abordar problemas delictivos que implica conocer altos contenidos de violencia que son necesarios para emitir una decisión. Aunque de esto no se habla con frecuencia en los despachos, los funcionarios judiciales pueden resultar afectados emocionalmente por su labor, al igual que cualquier otro trabajador.
Además de esto, son los que generalmente la prensa señala cuando se realiza un mal procedimiento policial y una persona debe quedar en libertad. Digo que debe quedar en libertad, no por su capricho, sino porque así lo ordenan las leyes. Así no se piense mucho en esto, los jueces penales leen la prensa judicial para ver qué se dice allí sobre los casos que tuvieron en sus despachos el día anterior. A ninguno le gustaría ver su nombre en las páginas judiciales como el “responsable” de haber dejado en libertad a personas que se tildan de delincuentes.
Finalmente, en un lugar como la frontera nortesantandereana hay agentes estatales encargados de hacer frente a la guerra y proveer seguridad a los habitantes. Cuando en ese campo se producen operativos, los jueces penales deben tener una parte de su visión en estos hechos y en el contexto de la región; pero también deben tener otra parte de su visión en las garantías y en los derechos, a fin de evitar arbitrariedades y abusos de autoridad. De allí que algunos agentes estatales vean a los jueces como un obstáculo en sus labores.
Por estas razones es importante que un juez mantenga su independencia, pues implica hacer frente a factores externos al derecho que se cuelan en el despacho judicial. Garantizar la independencia de los jueces, y protegerlos de la guerra y la violencia es lo mínimo que se debe exigir para que puedan decidir con tranquilidad.
Mientras preparaba este escrito sobre la amenaza contra la jueza Vivian Polanía en Cúcuta, se conoció que el juez que dirige las audiencias de los capturados por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci también recibió amenazas por su labor en ese caso. No pueden pasar desapercibidas las amenazas contra los funcionarios judiciales. Una amenaza en su contra es una condena a la sociedad.
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