El lenguaje inclusivo algunos lo han aceptado sin reparos involucrándolo con poca dificultad a su discurso, por el contrario, otros se oponen de manera férrea a su uso cotidiano, defendiendo el lenguaje tal como hasta ahora está construido y vigente durante siglos sin la intención de ser excluyente.
Salta a la vista que en el fondo la discusión y debate concierne a una concepción ideológica que involucra de manera conjunta a la lingüística y la política. Por esto mismo es que tiene una mayor aceptación entre quienes desde una posición proclamada progresista lo defienden y sus ideales políticos son involucrados en este tipo de lenguaje. Sus defensores aducen que esta nueva forma de hablar y escribir “pone en evidencia las actitudes ante los usos del lenguaje, casi siempre prejuiciadas, y también los grandes problemas de nuestra sociedad, las desigualdades, la discriminación, la exclusión de ciertos grupos, el control del poder por parte de unos pocos, las fallas en los gobiernos democráticos existentes, las injusticias y la lucha por los derechos políticos y humano” Estas son expresiones de Adriana Bolívar, lingüista chilena.
Pero parece que más allá de esas consideraciones políticas se pretende eliminar el androcentrismo y sexismo, tal como si con el lenguaje inclusivo se pudieran contrarrestar la discriminación, las desigualdades sociales y la marginación aparente de las mujeres frente a los hombres. La exclusión social promovida por las castas y los niveles de pobreza son una problemática social a la cual con este lenguaje se le quiere introducir una solución de palabra más allá de los hechos verdaderos que pudieran acercar a las clases sociales. Tal como si el uso de las expresiones “todos y todas”, “todes”, “todxs” o “tod@s” en la constitución política de un país, como se pretendió en España, lograra solucionar las diferencias sociales de los “marginados” y su adopción contribuyera al respeto de los derechos humanos. De ahí proviene el argumento en favor de adoptar ese lenguaje.
Son dos situaciones diferentes, la social y la lingüística propiamente dicha. En el ya largo debate participan lingüistas representando a la concepción científica y los políticos que defienden su posición con otra argumentación; no ha sido fácil de conducir y llegar a puntos de acuerdo. El supuesto cultural e ideológico es que aceptar el uso del lenguaje inclusivo significa algo positivo, porque se trata de corregir injusticias o errores del pasado, anota la citada autora.
Los cambios pretendidos en España fueron introducidos en la Constitución de Venezuela, en la “Bicha” que tanto citaba en sus discursos el extinto Hugo Chávez, pero no han producido los cambios sociales que remediarían la pobreza, su efecto ha sido todo lo contrario. El 94% de la población está bajo el umbral de la pobreza, de los cuales, el 76,6% vive esta situación en miseria, según la medición realizada en 2021 por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). El año anterior hubo un leve repunte en esas cifras sin que reflejen una solución a la pobreza extrema.
La Real Academia de la lengua Española (RAE) considera que el “lenguaje inclusivo” es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical, “mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna”. Habrá más discusiones con respecto al tema y cada quien podrá fijar su posición y hablar como quiera. Entre tanto, me quedo con la concepción lingüística original, como lo aprendimos y lo define la RAE.
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