Deslizarse por el caos y la anarquía, como viene ocurriendo, es peligrosísimo y pone en riesgo no solo la estabilidad del Gobierno sino, aún más grave, la del sistema democrático.

Si antes la prioridad estaba en superar los desafíos de la pandemia en materia de salud pública y en crear tantos empleos como fuese posible para disminuir la pobreza, hoy no hay nada más importante y fundamental que procurar seguridad y orden.

Varios elementos son claves. Uno, recuperar la inteligencia tan rápido como sea posible. La inteligencia no es solamente los ojos y los oídos del Estado sino también su cerebro.

Dos, comprender adecuadamente la naturaleza y dimensión de la amenaza y la agresión. No es el mismo enemigo.

Aunque tiene elementos comunes a los del pasado, como la activa participación de los grupos guerrilleros y la financiación del narcotráfico, hay otros novedosos que hacen el desafío más difícil y exigente, como la masiva participación de colectivos “civiles” como, por ejemplo pero no únicamente, algunas poblaciones indígenas.

Tampoco se comporta igual. No confronta al Ejército, se concentra en erosionar a la Policía, usa bandas delincuenciales y combos de jóvenes, se esconde tras las comunidades, ataca al mismo tiempo múltiples objetivos confundiendo y dispersando la respuesta policial, cambia los objetivos de sus ataques día a día, bloquea la economía, usa fake news, etc.

Tres, es indispensable definir con claridad las reglas y los límites para el uso de la fuerza. Es aquí donde estoy viendo quizás el mayor de los problemas. Se está entendiendo equivocadamente el fundamento del uso de la fuerza por parte de la Policía y las FFMM. Su justificación no está en la legítima defensa, a la que, por supuesto, también tienen derecho, sino en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.

Nada hay más importante que garantizar la vida, integridad, libertades y bienes de los ciudadanos. Y para ese propósito es vital contar con una fuerza pública capaz y competente.

Tampoco parece entenderse bien el principio de proporcionalidad. Se confunde, de manera absolutamente equivocada, con igualdad: cuchillo frente a cuchillo, pistola frente a pistola. No es así. Aunque en la medida de lo posible se debe recurrir a medios no violentos, es perfectamente lícito usar la fuerza cuando es necesaria para cumplir sus funciones y otros medios no son eficaces. Y puede usarse tanta fuerza como sea necesaria y, no cabe la menor duda, se pueden usar armas de fuego para proteger la vida e integridad física propias y las de los demás.

En cualquier caso, es indispensable dar seguridad jurídica a los policías,  proporcionarles la certeza de que no arriesgan sus carreras o, peor, su libertad, por cumplir eficazmente sus tareas. Desmaniatar a la Policía es vital.

Fundamental es también, cuatro, que el sistema judicial entienda la diferencia entre la protesta y las vías de hecho y que debe procesar a quienes violentan los derechos de los demás por esas vías. El abuso del derecho a protestar debe ser sancionado con severidad.

Finalmente, es indispensable un liderazgo firme que dirija de manera clara a la Fuerza Pública y le dé el apoyo que ella necesita y que tenga plena conciencia de que sin autoridad, orden y seguridad no es posible la convivencia pacífica. Por cierto, no sobra resaltarlo, el diálogo con los violentos y con quienes acuden a las vías de hecho no solo los legitima, en perjuicio de quienes siempre respetan el estado de derecho y la ley, sino que invita a la repetición de esas conductas que terminan siendo premiadas.