En su reciente reunión con Francisco de Roux, el expresidente Álvaro Uribe dijo que quizás habría que pensar en una amnistía general.
Estoy convencido de que su intención fundamental era obligar a una reflexión ciudadana y política sobre la agresiva desigualdad que hay en el hecho de que los delitos internacionales de las Farc, responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, los peores y más lesivos y espantosos, no paguen ni un solo día de cárcel y en cambio quienes han cometido delitos menores, más leves, mucho menos gravosos, sí vayan a parar con sus huesos en prisión.
No tengo duda de que Santos hubiera querido cobijar a las Farc con una amnistía plena. Pero no era posible porque el estatuto de la Corte Penal Internacional ha establecido inequívocamente que los crímenes internacionales no pueden ser objeto de amnistía o indulto.
Por eso el pacto con las Farc estableció un doble tratamiento judicial: amnistía para la guerrillerada y una jurisdicción especial para los jefes, la JEP, sin cárcel. De paso, y en contra de lo que habían prometido y de la jurisprudencia, consiguieron que el narcotráfico fuera considerado como conexo a los delitos políticos y, por tanto, fuera amnistiable.
Ahora, a diferencia de los procesos de paz anteriores, que se limitaron a la impunidad de los violentos, a las Farc se le dieron beneficios políticos extraordinarios, como las diez curules regaladas en el Congreso.
El tratamiento judicial y político extraordinario para las Farc es una ruptura al principio de igualdad frente a la ley, columna vertebral de las democracias y el estado de derecho. Alegan que “la paz” lo justificaba. Pero el conflicto siguió y hoy hay más homicidios que antes de la firma del acuerdo en el 2016. Aunque esa es otra discusión.
Pero el punto acá es diferente, es estudiar si hay mecanismos que resuelvan la profunda inequidad de ese tratamiento desigual que beneficia a las Farc y lo ofensivo que resulta para las mayorías ciudadanas. Con dos advertencias: como dije, hoy no caben amnistías o indultos para crímenes internacionales y la amnistía solo es posible para delitos políticos, no para delitos comunes. He criticado una y otra vez la idea subyacente de que debe haber un tratamiento favorable para los delitos políticos. En una sociedad democrática no hay razón alguna para tratar mejor a quien asesina por motivos ideológicos. Como sea, hoy la amnistía solo opera para los delitos políticos y conexos.
El camino para resolver la injusticia, sin embargo, no es la extensión a otros de la impunidad de facto para las Farc o de sus beneficios políticos. La impunidad no solo es radicalmente injusta y es partera de nuevas violencias, sino que es un estímulo perverso para seguir delinquiendo y para que otros delincan. Ampliarla es antipedagógico, envía el mensaje equivocado. Y premiar con beneficios políticos a otros criminales peligrosos solo erosiona aún más el sistema democrático y contribuye a ensuciar con indeseables los recintos de debate y toma de decisión institucionales. A mí me ofende ver a los criminales de las Farc en el Congreso. No me compensará ni tranquilizará ver a otros criminales en él.
Estoy convencido de que la vía que tenemos que recorrer es la contraria. Si queremos ser una sociedad civilizada es indispensable sancionar efectivamente a quien delinque, erradicar de una vez y para siempre la impunidad, y dejar de tratar mejor a los criminales, a quienes tienen por único mérito el fusil y el asesinato. Si ha de premiarse a alguien que sea a esa inmensa mayoría de colombianos, pacíficos, trabajadores y honestos.
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