Hay decisiones que no se anuncian, pero se sienten. Se sienten cuando las facturas llegan más altas. El presupuesto mensual se incrementa y la plata no alcanza. Cuando la incertidumbre empieza a sentirse en la vida cotidiana.
Lo que podría parecer un problema doméstico es, en realidad, el reflejo de algo más complejo: Colombia está empezando a pagar el costo de una pérdida de confianza en su rumbo energético.
Ese fue, quizás, el mensaje más relevante que dejó el reciente Colombia Genera, de la ANDI. Más allá de cifras o anuncios puntuales, emergió una alerta estructural. Por ejemplo, el país no enfrenta un reto técnico, sino una señal de desconfianza que impacta la inversión, la economía y el bienestar social.
Y ese impacto ya comenzó.
Este momento no puede analizarse de manera aislada. En artículos anteriores advertíamos sobre una policrisis —la superposición de crisis económicas, energéticas y geopolíticas— y una creciente polincertidumbre que dificulta la toma de decisiones. Hoy, esa realidad se materializa.
Las tensiones internacionales, especialmente en Oriente Medio, ya no son un asunto distante. Se reflejan en la volatilidad de los mercados energéticos y terminan sintiéndose en el bolsillo de los colombianos.
Por eso, al cierre del primer trimestre de 2026, el país enfrenta un punto de inflexión: es momento de revisar resultados, ajustar estrategias. Sobre todo, tomar decisiones colectivas a corto plazo, la confianza que impacta todo.
Mientras el mundo fortalece su seguridad energética para sostener su crecimiento y su competitividad para fortalecer el bienestar general, Colombia avanza con señales ambiguas. Y no por falta de recursos, sino por falta de claridad en su rumbo.
Y en el lenguaje de la inversión, la incertidumbre no se interpreta: se evita.
Así se pierden oportunidades. Por ejemplo, proyectos que se dilatan y no se ejecutan. Además, los inversionistas migran a entornos más predecibles, y el nearshoring busca ubicaciones más estables.
La caída en producción de petróleo y minerales refleja esa tendencia. No es solo sectorial; en consecuencia, inicia una cadena que afecta a todos. Menos producción genera menos ingresos, mayor presión fiscal e impacto en el ciudadano.
Lo que empieza en el subsuelo termina en el bolsillo.
Sin embargo, el problema principal no es la falta de recursos. Colombia tiene potencial: yacimientos no convencionales, minerales estratégicos como el cobre y alternativas como el biogás y los biocombustibles.
El país tiene con qué responder. Pero el potencial, sin dirección, no genera desarrollo. Genera parálisis.
Tampoco es un problema de financiamiento. Existen mecanismos como los contratos de compra de energía (PPA) y esquemas de leasing que permiten avanzar sin grandes desembolsos iniciales.
El capital está. Lo que falta es la confianza.
Porque ningún inversionista apuesta en un entorno donde las reglas son inciertas o cambiantes.
Esto resulta crítico en un momento de transición energética. Una transición necesaria, pero que debe gestionarse con equilibrio. Sin confiabilidad en el suministro, no hay estabilidad. Y sin estabilidad, no hay competitividad.
Por eso, más que una transición, Colombia necesita una visión energética integral: un sector unido, articulado y enfocado en soluciones reales.
El país debe tomar una decisión entre seguir enviando señales ambiguas, o reconstruir la confianza con una hoja de ruta clara y ejecutable. Porque la confianza no se decreta. Se construye.
Y esa construcción empieza en las decisiones.
Empieza en quienes diseñan la política pública, pero también en quienes ejecutan, invierten y comunican. Empieza en asumir la realidad con responsabilidad.
El cambio comienza por mí.
Comienza por entender que la energía no es un tema sectorial, sino una responsabilidad compartida.
Comienza por exigir coherencia, pero también por ejercerla.
Comienza por dejar de administrar la incertidumbre y empezar a resolverla.
Colombia necesita decisiones que generen confianza inmediata y un sector energético que actúe unido frente a un desafío común.
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