Cuando el actual gobierno está llegando a la mitad de su período constitucional ya deberíamos tener claro cuál es el propósito fundamental del presidente, y ya se sabría en qué avance se encuentra su programa de gobierno.

Sin embargo, todavía hay interrogantes que se deducen de las decisiones gubernamentales, del discurso presidencial, del actuar de los altos funcionarios.

¿El presidente Petro está buscando la reeleción?; ¿quiere acabar la empresa privada para que todos los ciudadanos dependan del gobierno?; ¿se quiere apropiar de los fondos de pensiones, de los recursos de la salud y de los mayores rubros del presupuesto nacional para financiar las próximas elecciones de su movimiento?; ¿está debilitando a las fuerzas militares y de policía para que no haya reacción estatal cuando llame a una movilización popular a su favor?; ¿está alineando internacionalmente al país con los regímenes extremistas que lo pueden apoyar cuando los convoque?

Podrían ser más las preguntas que surgen en una sociedad que observa con inquietud lo que ocurre todos los días en Colombia como consecuencia del comportamiento del presidente y su equipo de gobierno.

Y para hacer más preocupante el futuro del país, diariamente aparecen hechos de presunta corrupción que involucran a familiares del presidente, altos funcionarios, congresistas, contratistas etc. Todavía no se aclara si hubo ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial o se sobrepasaron los límites permitidos para su desarrollo.

Y cuando se espera que el presidente se ponga al frente de los desastres naturales que agobian a la población, o explique las estrategias para controlar la violencia que se ha apoderado de regiones completas, o señale las acciones para la recuperación de la inversión, el desempleo y el desempeño de la industria, sus discursos siguen siendo de odio contra los ricos, de culpar a los gobiernos anteriores por lo que ocurre hoy, y de quejarse porque las oligarquías no lo dejan gobernar.

Lo más visible del actuar del gobierno es el despilfarro de los dineros públicos en actividades politiqueras como las marchas que convoca el presidente; la injerencia en la contratación de entidades oficiales con criterios que frecuentemente no se comprenden; y, sobre todo, la permanente actividad electoral del presidente en concentraciones populares de barrios y poblaciones, adelantando una campaña electoral que se surtirá en dos años mientras el país se hunde en la pobreza, la violencia y la corrupción.

La última alocución del presiente Petro por televisión que, por cierto, es la primera que no consistió en reproducir discursos lanzados en eventos pasados, es un recuento de sus acciones contra la corrupción cuando era senador, y una exposición sobre la pulcritud con que ha actuado en el resto de su vida.

Es, probablemente, la primera intervención presidencial redactada con anticipación y usando un lenguaje cuidadoso. Se puede deducir, por tanto, que la situación por la que atraviesa la Casa de Nariño es muy delicada, y que pueden sobrevenir graves hechos como fruto del entramado de irregularidades de que están hablando varios ex funcionarios públicos.

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