Las presuntas irregularidades del contrato adjudicado por el MinTIC a la empresa Centros Poblados para llevar centros digitales a las zonas rurales del país y que busca garantizar conectividad a miles de niños, son una muestra más de que en Colombia es necesaria una transformación del manejo de los recursos públicos. La corrupción nos carcome como un cáncer que victimiza en particular a los más débiles y vulnerables en nuestra sociedad. Sentar unas bases sólidas para una cultura de transparencia y legalidad, debe ser un propósito de nación, en el que todos asumamos nuestra responsabilidad individual y colectiva. 

En el caso particular de este contrato, es ineludible la responsabilidad política de la ministra Karen Abudinen, quien debe responder ante los colombianos por las fallas del proceso de contratación. Aún más, cuando desde las primeras etapas de la licitación, se habrían presentado señales de falta de capacidad técnica y experiencia de Centros Poblados; y otras que mostraban que la ejecución del contrato pudo presentar signos de negligencia. Seis meses después de la firma del contrato, esta empresa no había instalado un solo punto digital, mientras que el anticipo de 70.000 millones de pesos ya había sido entregado. 

La responsabilidad de quien es la cabeza del Ministerio de las TIC en la ejecución de este contrato va más allá de una mera cuestión administrativa. Se trata también de una cuestión moral pues es inaudito que no se hicieran los esfuerzos necesarios para garantizar que miles de niños de las zonas rurales de Colombia tuvieran la conectividad que les permitiría estudiar, sobre todo en tiempos en los que la pandemia ha creado dificultades para acceder a la educación. 

La renuncia de la ministra Abudinen es un acto de responsabilidad frente a una gestión que no fue buena, que omitió las señales de posibles irregularidades y que fue incapaz de garantizar la ejecución de un proyecto que representa una gran inversión de recursos públicos que le pertenecen a todos los colombianos. Sin embargo, lo más importante: un proyecto que le garantizaría a miles de niños una herramienta para forjar un futuro con más oportunidades. 

Esto no puede pasar más en Colombia, los recursos públicos nos pertenecen a todos, como ciudadanos, deben ser asumidos como sagrados por toda la sociedad y, sobre todo, por quienes los administran. En nuestro país no podemos seguir bloqueados por la negligencia, la mediocridad y la corrupción; es hora de un cambio y de restaurar la moral en la política. Las cadenas del clientelismo tienen esclavizado a nuestro país. Es hora de romperlas para liberar a Colombia de uno de los principales lastres que nos impide avanzar hacia la modernidad.