Después de la posesión del presidente de la República, el 7 de agosto de 2022, no se hablaba de otra cosa que de la reforma tributaria y del cambio estructural a la salud, proyectos promovidos por el gobierno nacional a través de los ministros José Antonio Ocampo y Carolina Corcho, de Hacienda y de Salud, respectivamente, hoy por fuera del gobierno. El primero salió por desacuerdo con la reforma a la salud, y la segunda, por altiva y displicente con su entorno y con los congresistas, porque a todos les amarraba conejo luego de negociar puntos de su proyecto de ley, porque volvía y lo presentaba sin incluir lo negociado. Luego se anunció la presentación de los proyectos de ley de reformas pensional, laboral, educativa y otros.
De todo ello la única reforma que salió avante fue la tributaria, que recaudaría alrededor de 20 billones de pesos, un poco menos de la retirada por el presidente Iván Duque Márquez, y de la que se valieron determinados sectores oposicionistas para vandalizar y aterrorizar al país con un estallido social prefabricado por ausencia de un elemento esencial: la espontaneidad, es decir, que no recibiera “intervención o estímulo exterior”, que fue lo que sí sucedió. Como en la célebre leyenda de la socorrana Manuela Beltrán, que, en acto de heroísmo, sin estar coaccionada u obligada a ello, rompió el edicto en el que la Corona Española acababa de anunciar nuevos impuestos para los exprimidos habitantes de la Nueva Granada.
Después de romper la coalicion de gobierno, en un trino de abril 25 de 2023, donde dice que “La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido”, el primer Magistrado de la Nación envía mensajes contradictorios, porque alguna vez dijo que “Las reformas sociales de este Gobierno no son un capricho individual ni de unos pocos, son una necesidad histórica”. Otra vez manifestó “No estoy obsesionado con aprobar las reformas, prefiero cambiar la relación política”. Con estas posiciones discordantes y antagónicas da la impresión que con las tales reformas estructurales de contenido social se quiere crear confusión y tender una cortina de humo para distraer y el ejecutivo avanzar en otros temas como “La paz total”, un concepto romántico, pero al que hay que aplicarle la función de cirujano: tenderla en la cama hospitalaria, hacerle una incisión e indagar su contenido.
Ahora bien, otro proyecto nuevo, en un acto legislativo, que aún no ha sido radicado, el presidente de la República quiere reformar la Procuraduría General de la Nación, y con ello pretende desconocer la separación de poderes, sencillamente porque invade la órbita de la rama judicial. Esta iniciativa contempla la posibilidad de facultades extraordinarias para trasladar a procuradores judiciales y otros funcionarios de la Procuraduría General a la Rama Judicial, en calidad de magistrados, fiscales y jueces, entre otros. Un desatino, para decir algo prudente. Parece que al primer magistrado de la Nación le estorba la Constitución que su mismo grupo político ayudó a confeccionar en 1991, donde su copartidario Antonio Navarro Wolff. fungió como copresidente.
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