Durante la temporada decembrina me di a la tarea de revisar detalles de la reforma tributaria, una reforma que, según palabras del actual presidente y de su ministro de Hacienda, solamente afectaría a las personas con mayores ingresos en el país. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones y con la que se anunció, me percaté con preocupación de una injusticia mayúscula dentro de su texto. Se trata de un beneficio que sólo se les concede a los grandes inversionistas y no a aquellos que son pequeños o que hasta ahora están empezando su negocio.
El artículo 5 de la ley permite descontar del impuesto sobre la renta, de forma marginal, hasta el 19 por ciento del valor de los dividendos que reciba una persona. Sin embargo, este beneficio, de acuerdo con el texto de la ley, sólo procede cuando quiera que el valor del dividendo sea superior a 1.090 UVT anuales (aproximadamente $46,2 millones de pesos). Si el valor del dividendo es inferior a ese monto, el descuento será del cero (0) por ciento. Es decir, el inversionista no podrá tomar el beneficio y deberá pagar impuesto sobre la totalidad del dividendo.
En otras palabras, mientras el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el hombre más rico de Colombia, según la revista Forbes, puede descontar de su impuesto de renta el 19 por ciento del valor de los dividendos que recibe en todos sus bancos, una persona que opera un pequeño negocio como una panadería o un supermercado a través de una sociedad, no puede. Peor aún. Si uno compra unas pocas acciones en la Bolsa de Valores de Colombia (como la mayoría de los inversionistas que participan del mercado de valores), le toca pagar impuesto sobre la totalidad del dividendo. Pero un empresario adinerado que puede comprar muchas acciones en bolsa, y que consecuentemente puede recibir dividendos por más de $46.2 millones en el año, sí puede tomarse el descuento.
¿No era que la reforma tributaria sólo iba a afectar a los más ricos? ¿Dónde queda la progresividad que tanto había anunciado el Gobierno? ¿No era que se les iba a quitar las exenciones a los ricos para que pagaran lo que era justo?
Una norma de esta naturaleza, además de políticamente incorrecta, es económicamente errónea. ¿Cómo se pretende que haya más emprendimientos que promuevan el desarrollo social, si se grava con un impuesto más alto al emprendedor que al empresario ya consolidado? ¿Cómo se pretende incentivar un mercado de valores -que es una forma de financiar a las empresas que generan trabajo-, si el grueso de los potenciales inversionistas están gravados de una forma más agresiva que los más ricos?
Esto sin duda es una torpeza del equipo técnico del actual Gobierno. Si no es un error, sería aún más preocupante, pues evidenciaría que el objetivo del Gobierno era el de afectar más a los pequeños negocios y frenar la creación de empresas. La norma como está, desincentiva el uso de sociedades, incentivando la informalidad. Sólo nos resta esperar que la Corte Constitucional en su examen advierta la injusticia.
