Le educación es uno de los valores primordiales en que se funda nuestro sistema democrático, y su promoción y adecuada financiación -en particular, para las personas de escasos recursos- debería, por tanto, ser asunto de primer orden en las políticas estatales. De lo contrario, se rompe la igualdad, al convertir la educación en un privilegio reservado a quienes gozan de poder económico.
Al tenor del artículo 67 de la Constitución, la educación es un derecho de la persona -de toda persona, con independencia de sus recursos económicos- y un servicio público que tiene una función social. El artículo 13 ordena al Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.
Según el artículo 2 de la Ley 1002 de 2005, por la cual se transformó el ICETEX -creado en 1950-, esta entidad pública financiera tiene por objeto “el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos, a través de mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la educación superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, con recursos propios o de terceros”.
Dice la norma que ese instituto debe cumplir su objeto con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de equidad territorial y que debe otorgar subsidios para el acceso y permanencia en la educación superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3.
¿Se están cumpliendo estas disposiciones? Todo indica que no, y los perjuicios, para quienes habían confiado en el ICETEX, son enormes. Cerca de doscientos mil estudiantes están a punto de ver interrumpidos sus estudios porque esa entidad no gira los recursos correspondientes.
Aunque el ministro de Educación dice que el ICETEX no pertenece a su sector, lo cierto es que preside su Junta Directiva, el órgano máximo del instituto, luego algo podría hacer o tramitar para resolver el problema. El ministro de Hacienda, por su lado, elude cualquier responsabilidad, al paso que, en la práctica, los estudiantes se quedarían sin poderse matricular para el próximo semestre. Ni desde el ICETEX, ni desde los aludidos ministerios se les explica nada.
Según la legislación en referencia, en cuanto a la financiación, con el fin de garantizar la permanencia de los estudiantes en las universidades, sin que les pase lo que les está pasando -no pueden iniciar sus semestres-, el ICETEX debe “destinar los beneficios, utilidades y excedentes que obtenga, al desarrollo de su objeto”. “Para tal efecto, creará una reserva patrimonial”.
La Asociación de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) advierte en reciente comunicado: “Que no se dispongan, en el presupuesto general de la Nación, los recursos necesarios para esta convocatoria representa una grave amenaza para las Instituciones de Educación Superior (IES) privadas y para los golpeados bolsillos de las familias del país, especialmente las más vulnerables y de clases medias, tras el mal comportamiento de la economía nacional”.
Los ministerios mencionados no pueden seguir disculpándose, ni justificando lo injustificable. Deben coordinar sus gestiones y esfuerzos, en busca de soluciones efectivas, reales y oportunas.
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