Aprovechando que se acerca la entrada en vigencia, del Código procesal del trabajo (Ley 2452 de 2 de abril de 2025) considero prudente analizar que en Colombia, los procesos laborales se han convertido en un laberinto donde la justicia camina a paso de tortuga y los intereses corren a velocidad de vértigo. Es una paradoja dolorosa: el empresario que actúa de buena fe, que mantiene su nómina en medio de las crisis, que cumple con las obligaciones tributarias y enfrenta la carga social de sostener empleos, termina siendo sancionado no por su conducta, sino por la lentitud del sistema judicial, tal como lo he sostenido en mis libros “Derecho Laboral Individual principios y garantías de los trabajadores (2025)” y “Cartilla Laboral 2025” de ECOE ediciones.

Una condena laboral razonable, de tres meses, por ejemplo, podría ser una medida justa, proporcional y reparadora. Pero cuando un expediente se alarga por cinco o más años, los intereses, las indexaciones y las costas procesales multiplican el valor de la condena hasta niveles que quiebran a pequeñas y medianas empresas. No es exageración: lo que empezó como una diferencia de unos millones puede terminar en una ruina económica, basta revisar que el artículo 317 de la prescripción mantiene en la reforma el término de 3 años a las acciones, con ello ya pueden ser 36 salarios atrasados por debajo.

La pregunta de fondo es simple: ¿por qué el empresario debe pagar el costo del retardo judicial? La demora no es su culpa. La mora procesal es del sistema, de los despachos saturados, de la falta de jueces laborales, de la digitalización incompleta, de los aplazamientos infinitos que nadie asume. Sin embargo, el resultado es siempre el mismo: el empleador termina cargando con la factura del tiempo perdido.

Y mientras tanto, las empresas que intentan defenderse de una demanda legítima o infundada, deben inmovilizar recursos durante años, ver afectada su reputación y, en muchos casos, despedir personal o cerrar operaciones para poder responder a una condena inflada por el calendario. El sistema, en vez de equilibrar las fuerzas, termina castigando a quien genera empleo.

No se trata de desconocer los derechos del trabajador, que son sagrados y constitucionales. Se trata de aplicar justicia en tiempos razonables, donde la reparación no se convierta en venganza económica ni el proceso en un castigo sin sentencia. Si la demora proviene del aparato judicial, el Estado debería asumir el costo del tiempo muerto, no el empresario que ya enfrenta un entorno económico complejo.

Congelar los valores a pagar una vez vencido un plazo prudente de resolución, seis meses, por ejemplo, sería una medida de equidad. De esa forma, las decisiones judiciales no perderían su carácter reparador, pero tampoco destruirían la fuente de empleo que se pretende proteger. Porque de nada sirve una condena justa si, al ejecutarse, ya no existe la empresa ni el empleo.

El reloj judicial sigue marcando lentamente, pero la economía no espera. Y cada día de retraso en los tribunales puede significar una quiebra más en el mundo real.

¿Hasta cuándo permitiremos que la lentitud del sistema sea más costosa que la justicia misma?

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en:  https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .