Poca atención ha despertado en el Gobierno Nacional la situación de los Jueces de Ejecución de Penas, que ante el desmonte de la descongestión en la Rama Judicial y el proceso de paz con las Farc, sus despachos están desbordados en expedientes, al punto que es imposible que atiendan todos los asuntos que son puestos a su consideración.
Por esta circunstancia declararon desde el pasado 15 de mayo un cese parcial de actividades, atendiendo solo acciones constitucionales y causas de mayor urgencia, quedando en espera los casos de tantas personas privadas de la libertad que buscan respuesta a peticiones de liberación.
Por ejemplo, solo en Bogotá los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad tienen cerca de 8.700 solicitudes de prescripción o extinción de los procesos. De los cerca de 24.000 internos, 16.000 están en detención intramural, es decir, se encuentran en centros carcelarios y unos 8.000 cuentan con reclusión domiciliaria.
Quienes gozan de ese beneficio, deben estar bajo el control permanente de los Juzgados de Ejecución de Penas, pero ante el paro de estos funcionarios, esa tarea no se está cumpliendo de manera debida y muchos de ellos pueden representar un peligro si se tiene en cuenta que las reincidencias son comunes, al punto que varios delitos callejeros son cometidos por condenados o sindicados a quienes les conceden permisos o se encuentran con dispositivos de seguridad.
Sobre esta realidad fue advertido el Ministerio de Hacienda que no procura la importancia que merece, y la propia Rama Judicial destacó que en situaciones similares, el Gobierno requirió para que la justicia facilite los recursos necesarios para las medidas de descongestión mientras se efectuaban los trámites de devolución de esos dineros, pero el Ejecutivo nunca pagó los préstamos al sector judicial.
Si analizamos la magnitud de los requerimientos de los jueces, sus peticiones son justas, teniendo en cuenta que con la llamada Ley de Amnistía, proferida luego de los acuerdos con las Farc, el volumen de casos que llegan a sus despachos se incrementó considerablemente.
Son muchos los expedientes que llegan a los juzgados con solicitudes de internos que piden que se les aplique la amnistía por haber hecho parte de las Farc, y aunque la Jurisdicción Especial para la Paz tiene la competencia para conocer esos asuntos, los mismos son recibidos por los Jueces de Ejecución de Penas incrementando la carga del despacho respectivo mientras se le da trámite.
De manera inversa, hubo un incremento de procesos y una reducción en el personal encargado de resolverlos, debido a que como ya lo señalé, el desmonte de la descongestión afectó esa especialidad.
Esta situación merece una atención especial si tenemos en cuenta que no es una protesta más de los servidores judiciales, no es solo un caso más de congestión de la justicia como los tantos que se han registrado, aquí está de por medio la seguridad de los ciudadanos y mantener en suspenso para miles de detenidos, la definición de un derecho fundamental, la libertad.
@WilsonRuizO
